Uno de ellos es Néster Vásquez Pimentel, electo mediante votación por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), cuyos resultados fueron impugnados y a la fecha la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, que conoce del recurso, no se ha pronunciado.
Esa vacante no era sorpresa, incluso el Congreso de la República no tomó en cuenta a los representantes del Cang al elaborar el proyecto de ley para la toma de posesión de la magistratura; se sabía que la resolución podía dilatarse.
El segundo caso es el referente a Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU). Un amparo provisional a último minuto frenó su juramentación y, como consecuencia, no pudo asumir el puesto el pasado 14 de abril.
Ese caso no se quedó únicamente en impugnaciones. Una denuncia que ingresó en el Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra el CSU por aparentes errores en la sesión en la que Porras fue electa magistrada.
Dicho expediente se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, quien citó a los máximos representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero estos decidieron no llegar. Al mismo tiempo, mediante un comunicado, la casa de estudios superiores rechazó cualquier tipo de presión que busque modificar los resultados de su elección.
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Incertidumbre rodea al Cang
La organización Guatemala Visible, que fiscalizó el proceso de designación en los cinco órganos electores, tiene conocimiento de que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales ya avanzó y conoció las impugnaciones.
Se trató de conseguir la postura del presidente de la Asamblea, Milton Santizo, pero no atendió las llamadas telefónicas. Situación simular se dio cuando se trató de conseguir la versión del Cang, a través de su nuevo presidente, Fernando Chacón.
“Lo que trascendió es que ya la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales resolvió las impugnaciones y tendrá que verse qué es lo que decidan, en más o menos 15 días o una semana. Es un poco incierto qué es lo que vaya a suceder, porque no se conoce mucho al respecto, pero es algo que se ve bien, ya que no es deseable para nada que el proceso se siga postergando más. Todo debe ser resuelto lo más pronto posible”, señaló Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.
De momento, la representación de los abogados ante la CC pesa sobre los hombros de María Cristina Fernández, suplente que lleva el rol de titular desde la muerte del magistrado Bonerge Mejía.
CSU Sesionará la próxima semana
Luego de la captura del rector Murphy Paiz, involucrado en el Caso Comisiones Paralelas 2020, la ley de la Usac estipula que el puesto queda de manera interina en el decano de mayor antigüedad, pero desde ese momento ya han pasado tres rectores interinos.
El primero de ellos fue Gustavo Taracena, decano de la facultad de Veterinaria, quien luego de vencer su puesto como decano y no ser renovado tuvo que ser reemplazado por Walter Ramiro Mazariegos, decano de Humanidades, quien aduciendo temas de salud decidió alejarse; actualmente quien ocupa la rectoría en funciones es Jorge Orellana, decano de la facultad de Ciencias Médicas
Según el departamento de Comunicación Social de la Usac, el rector en funciones no puede dar declaraciones referentes a los recursos relacionados con el pasado proceso de designación de magistrado constitucional, debido a que existen diligencias judiciales pendientes, como la investigación a cargo del MP.
Pero según la Usac se estaría programando una reunión del CSU el próximo miércoles, donde podrían ser analizadas las opciones que tiene la universidad para resolver los problemas y definir su representación ante la CC.
¿Repetir el proceso?
Las alternativas que tiene la Usac se resumen solo a dos, según las organizaciones que fiscalizaron el proceso de renovación de la CC, pero llegar a cualquiera de ellas no será nada fácil, principalmente por todo lo que generó su designación.
La investigación a cargo del MP contra el CSU es rechazada por 57 organizaciones sociales como un auténtico “hostigamiento”, según un comunicado divulgado en las redes sociales, debido a que esas indagaciones podrían vulnerar la autonomía universitaria e intimidar a los consejeros.
Pero José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), resaltó que el principal problema que generan los vacíos dentro de la Corte es la incertidumbre.
Según él, pareciera que se repite parte del problema que está afectando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que además de estar fuera de su periodo está incompleta y estima que se tiene que dejar de lado el apoyo o rechazo ha determinado candidato para que tan solo pesen los argumentos legales.
“Para dotar de certeza se debería de tener una resolución judicial, de carácter constitucional, porque la repetición de la elección sin una verificación constitucional pudiera alimentar esta falta de certeza, porque alguien podría presentar otra acción y eso pudiera seguir alargando esta situación, nosotros creemos que lo ideal para seguir con el proceso es que se tenga en firme una resolución”, señaló.
Repetir la designación sería lo peor, según Elvin Díaz, integrante de Alianza por las Reformas, quien califica de hostigamiento la investigación del MP contra los integrantes del CSU.
“Quisiéramos que se respete la autonomía universitaria, para que el CSU goce de total independencia en sus decisiones respecto de lo que corresponda con estos recursos; que el MP no interfiera en esas decisiones”, advirtió.
