El martes pasado, Taracena y la mayoría de integrantes de la directiva del 2016 denunciaron un supuesto complot por su apoyo a la Cicig “y por hacer bien las cosas”. Sin embargo, ayer ninguno de ellos lo acompañó a presentar la denuncia.
Su única compañía fue el ex subdirector general Emilio Dávila, el brazo derecho de Taracena en el área administrativa.
Antes de la cita con el comisionado Iván Velásquez, el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aseguró que pondrá una denuncia para que se investigue la red de cuadros medios en la Contraloría.
“No es casualidad que hayan golpeado a siete instituciones y las estén tratando de desprestigiar”, manifestó.
Según dijo, además del Congreso, la supuesta red habría hecho hallazgos en el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria.
Taracena acusó a cuatro auditores, pero se negó a dar sus nombres. “No sé quiénes son, pero sí los voy a denunciar. Primero, porque es un grupo paralelo que está siendo manejado por alguien. Hasta el crimen organizado puede estar detrás”, dijo en tono molesto.
De acuerdo con él, al salir de la Cicig acudiría al MP a presentar una denuncia, porque en los hallazgos “hay difamación y calumnia, y abuso de poder. No se van a salvar esos cuatro”, aseguró.
Dávila, quien no se separó de Taracena en ningún momento, calificó de “eficiente” y “muy transparente” la gestión, pese a los 27 hallazgos. “Son hallazgos muy pequeños. La verdad es que consideramos que había cosas mucho más importantes y trascendentales”, manifestó.
Según autoridades del Congreso, los señalamientos llegaron la semana pasada, tiempo que han empleado los diputados y personal administrativo para buscar pruebas y desvanecer los hallazgos. De lo contrario, serán parte del informe que presentará la Contraloría el 29 de mayo.
Señalados
Los auditores señalan que se hizo la contratación de mil 375 personas, pero no se elaboraron actas de toma de posesión que las legalizara. Además, mil 41 personas fueron “favorecidas” con puestos que no requerían marcar ingresos y salidas, por lo que, a criterio de la CGC, “no existe evidencia que compruebe que el personal… realmente prestó los servicios…”.
