Anuncio sorpresa
En febrero del 2012 el presidente Otto Pérez Molina sorprendió cuando dijo que propondría la “legalización de las drogas” a los demás presidentes de Centroamérica porque se quitaría “el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción que ha penetrado a fiscales, jueces, policías e instituciones completas en el Gobierno”.
Aunque vendió la idea como la panacea contra el narcotráfico, solo la entonces presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, tomó la iniciativa como una opción, mientras el resto de países ni lo llegaron a considerar.
En enero pasado, Pérez Molina creó la Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de Drogas, que delegó en académicos y expertos en seguridad y políticas públicas.
Sin embargo, al margen del análisis, en marzo pasado declaró en Panamá, después de haber participado en el Foro Económico Mundial, que podría “legalizarse” el consumo de mariguana y regularizar el cultivo de amapola en la frontera con México si así lo propusiera la Comisión.
Informe
El diagnóstico que presentará la Comisión contempla las consecuencias y los logros de lo que ha sido una lucha frontal y hasta por la vía de las armas, como en México, que en ocho año contabiliza más de 60 mil muertos.
“Ahora los resultados se miden en incautaciones y personas capturadas, y si estas estadísticas suben y bajan. No se ve nada de si los consumidores suben o bajan”, dijo Carlos Mendoza, coordinador de la Comisión para la reforma de Políticas de Drogas. Afirmó que tampoco se observa si baja la violencia relacionada con el narcotráfico porque los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) no son claros.
“Después realizaremos varias reuniones con la sociedad civil, academia y otros actores para elaborar una serie de recomendaciones al Gobierno para que puedan mejorarse las políticas actuales que responden al modelo prohibicionista”, refirió.
Después de estas reuniones, que terminarán en diciembre próximo, presentarán un informe con recomendaciones al mandatario sobre si hay condiciones en el país para empezar el camino de regulación, despenalización o legalización de la mariguana y cultivo de amapola.
Mucho diálogo
Uruguay fue el primer país que regularizó el uso “recreativo” de la mariguana. Los consumidores podrán adquirirla próximamente en cuotas establecidas por mes y el Estado llevará un control, porque será el distribuidor de las farmacias.
“En farmacias podrán adquirir hasta 10 gramos de cannabis al mes. Es una forma de balancear la oferta y la demanda. La artillería pesada perdió contra el narcotráfico”, explicó Augusto Vitale, coordinador del Área de Prevención en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.
Aseguró que antes de tomar una decisión efectuaron 40 debates en todo el país para que las personas pudieran opinar.
Mendoza expuso que la situación geográfica de Guatemala complica las cosas porque es un país de paso, lo cual no ocurre en Uruguay, pero que debe esperarse hasta diciembre para saber qué recomendaciones darán a conocer.
ONU con dudas
La intención de Pérez Molina acarrea dudas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El representante regional de la Oficina contra la Droga y el Delito, Amado Philip de Andrés, explicó que la experiencia ha indicado que, a mayor disponibilidad, mayor consumo.
“La despenalización facilita la disponibilidad para el consumo. La legalización está subiendo un 50 por ciento” el consumo. aseguró.
Según el experto, antes de tomar iniciativas hay que observar las experiencias en otros países que han tomado un camino similar. “En España, por ejemplo, uno de cada cuatro consume cannabis. Es decir a, mayor disponibilidad, mayor consumo”, por lo que pide que toda la región debe tomar en cuenta estos datos.
Sanciones
Situación nacional
En Centroamérica solo Costa Rica no tiene penalizado el consumo de mariguana.
En Guatemala se contempla en el artículo 39 de la Ley contra la narcoactividad, que lo sanciona con penas de cuatro meses a dos años de prisión y multas de Q200 a Q10 mil.
“Se entiende que es para su propio consumo cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato”, refiere la Ley, que deja a criterio de las autoridades definir la “cantidad razonable”.
Según datos del Organismo Judicial, de enero a julio del presente año han ingresado 598 acusaciones en tribunales por el delito de posesión para el consumo de droga. En el mismo lapso, pero en casos de años anteriores, fueron condenadas 92 personas por ese delito. En contraparte, solo una fue declarado absuelta.
La Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de Drogas incluirá en su informe de diciembre próximo un capítulo sobre las recomendaciones en el área judicial, para determinar si se mantienen las penas por consumo o si ayudan para afrontar el tráfico de drogas.
Juan Carlos Garzón, politólogo y asesor del Ministerio de Justicia de Colombia, declaró que debe darse una modernización en la ley de drogas en toda la región porque a su criterio parece que atacar el consumo desde el punto de vista judicial y no ha dado los resultados esperados.
“Si el enfoque judicial que privilegia la represión no ha dado resultados en el mercado de drogas. ¿Cuál es la alternativa? Debe buscarse la estrategia con menor costo”, indicó Garzón.
Cifras
598 Procesados de enero a julio, por posesión de estupefacientes.
92 Condenados de enero a junio por portación para el consumo.
2 años es la pena máxima por este acto ilícito.
4 meses es la pena mínima por el delito de posesión.
Q10 mil es la multa máxima por posesión.
10 gramos de mariguana es lo permitido por mes en Uruguay.
