Pesa duda sobre 21 mil plazas estatales

Hasta octubre último, la población de trabajadores en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial era de 266 mil 806 personas, de acuerdo con las listas de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) y los portales en internet de esos poderes, entre las cuales puede haber plazas fantasma.

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La oficina Nacional de Servicio Civil ha sido usada como agencia de empleos por los gobiernos. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
La oficina Nacional de Servicio Civil ha sido usada como agencia de empleos por los gobiernos. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Según la Onsec, en el Ejecutivo hay 235 mil 916 empleados, pero en el cuadro no figura el Ministerio de la Defensa, el cual tiene 18 mil 735 trabajadores. En el Judicial hay 10 mil 17, y en el Congreso, dos mil 138.

Las plazas falsas son una realidad, y para muestra los exdirectivos del Congreso señalados y procesados por ese ilícito, en un organismo que tiene más de dos mil trabajadores. ¿Cuál será la situación del Organismo Ejecutivo, con 235 mil 916 empleados registrados?

Si bien es difícil establecer cuántos puestos fantasma hay, es posible hacer un cálculo.

Con las cifras de la Onsec —sin el Ministerio de la Defensa—, Prensa Libre conversó con una fuente cercana a la administración pública, quien trabajó muchos años en temas de servicio civil y su estructura, aunque pidió el anonimato a cambio de interpretar la situación.

Del total de puestos, el experto considera que el 2 por ciento son plazas fantasma, es decir, que no llegan a trabajar pero cobran el salario. Eso equivale a cuatro mil 718 personas.

Agregó que a ese tipo de puestos se suman los que son “complacientes” o mediante favores políticos. Se trata de las personas que cambian cada    cuatro años y que cada gobierno los lleva por haber colaborado en la campaña, y terminan en puestos, por lo general, de tipo técnico y mandos medios.

El especialista dice que esas plazas también “abundan”. “Él sí va a trabajar, pero se pone con su celular a ver jueguitos, no hace nada y no es necesario en el engranaje de las instituciones”, comentó.

Este tipo de gente, calcula, son el 7 por ciento —unos 16 mil 514—.

Al sumar a los trabajadores que llegan como pago de favores o “innecesarios” y los puestos fantasma, representan al menos 21 mil 232 plazas superfluas, pero que pesan en el gasto público.

Censo científico

En el primer trimestre del 2017 comenzará un censo del Organismo Ejecutivo que será financiado por la Unión Europea (UE) con el aporte de €5.3 millones, fondos que se utilizarán, entre otras cosas, para el recurso humano, encuestadores, preparación técnica, diseño del censo, equipamiento y vehículos.

Se desarrollará en todo el país mediante geolocalización y con tecnología, que incluye tabletas que usarán los encuestadores para mantener una base de datos con toda la información.

“Será una base de datos viva, no va a ser una fotografía de un año, sino que va a ser un proceso que va a mantenerse y que va a ayudar a racionalizar y optimizar el uso del recurso humano en el Ejecutivo”, informó la sección de cooperación de la UE.

La expectativa es hacerlo “todo” entre 12 y 14 meses, el levantamiento de datos incluido, y a partir de ahí, en cuatro años y un período de cierre, se busca “mantener viva” la base de datos; es decir, será actualizada permanentemente para que después el Estado la pueda manejar fácilmente con el Instituto Nacional de Estadística, el sistema de Guatenóminas —portal que publica la información del personal— y algunos ministerios implicados.

Aunque está pendiente definir los cuestionarios que se harán a los empleados públicos y funcionarios, la UE adelanta que además de la información personal —como nombre completo, dirección y DPI— se preguntará el salario, cuándo empezaron a trabajar, si tienen contrato definido o indefinido, el grado que ocupa y si pasaron por un proceso de oposición para entrar.

Esa información hará difícil la creación de las plazas fantasma.

El censo del sector público, agregan funcionarios de la Delegación en Guatemala de la UE, ayudará al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores como el salario mínimo, porque quedará plasmado en los resultados.

“Hay organismos que pagan menos del salario mínimo, pero luego lo suplen con bonos, y estos no cotizan ni al IGSS ni a la pensión, lo cual también se aclararía”, indicaron.

Categorías de trabajadores “bien definidas”

De acuerdo con un especialista en administración pública que no se identificó, las plazas fantasma son una minoría, pero existen. Asimismo, están las plazas “complacientes e innecesarias”, que son los premios que cada gobierno da a sus colaboradores de campaña.

Los “buenos” trabajadores —un 30 por ciento— son los conocedores y cumplen a cabalidad sus funciones.

“El gran resto”, según el experto en servicio civil, son “los básicos” o “regulares” que, como engranaje de dirección y producción del Estado, es  deficiente.

Puntos por reformar

Al revelarle las cifras al presidente de la Junta Nacional de Servicio Civil, Luis Fernández Molina, dijo que la Onsec trabaja en reformas a  la ley del ramo que incluyen definir quién es exento por oposición y sin oposición.  Además, que quede claro si los renglones 022, 029 y 018 son trabajadores.

“Los mecanismos de contratación y despido deben definirse, y en cuanto a los pactos colectivos, ver hasta dónde el pacto supera la Ley de Servicio Civil”, explicó Fernández.

En cinco renglones

El Judicial es el segundo organismo del Estado con más personal, pero con una abismal diferencia del Ejecutivo, y el 82 por ciento se encuentra presupuestado.

En el apartado de Información Pública de Oficio en la web de ese organismo aparece que, además del 011, hay contrataciones bajo los renglones 022, 023, 029 y 031. La mayoría se trata de asesores y empleados mediante informes y facturas por servicios técnicos y profesionales.

Más que por plazas, en el OJ ha habido polémica por las reformas en ese sector, específicamente en la Ley de la Carrera Judicial, la cual ha sido objetada pero sigue vigente.

Asimismo, por la implicación de operadores de justicia de alto nivel en casos de corrupción, como la jueza Jisela Reinoso, quien fue condenada a 11 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por influencias

Sin incluir a los diputados, en el Congreso hay más de dos mil cien trabajadores, según las listas de información pública que aparecen en el portal  del Legislativo, aunque varias personas se habrían acogido al plan de retiro voluntario.

De los tres organismos, es el que menos empleados tiene, pero igual se ha cuestionado la necesidad de contar con esa cantidad para la producción legislativa y otras funciones que tiene el Congreso, especialmente después de que las legislaturas anteriores  han abusado de las contrataciones.

Hay varios exdirectivos señalados o procesados  por supuestamente haber avalado plazas fantasma.

Entre los hallazgos  figura que el 95 por ciento de los trabajadores al servicio de las juntas directivas del 2014 y del 2015 no cumplieron con los perfiles establecidos en el manual de puestos.

Consulte en la edición impresa de Prensa Libre el detalle, por renglón presupuestario, de las plazas en el Organismo Ejecutivo, y la gráfica de las categorías de los trabajadores.