En esa ocasión, el decreto fue ratificado con 101 votos a favor y 31 en contra para poder establecer los años de cárcel por inasistencia injustificada al Legislativo; los diputados modificaron el Código Penal.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, anunció que efectuarán una consulta a la Corte de Constitucionalidad para establecer si es cierto y encajan los argumentos del mandatario Jimmy Morales, quien vetó el Decreto.
"Se trata de rendir cuentas" dice @MarioTaracena, sobre el veto a Ley que obliga a llegar a citaciones pic.twitter.com/wVa4HZw1fn
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 9, 2016
“El Congreso tiene que entrar a conocer, crea una comisión porque se aprobó de urgencia nacional y después se hace un dictamen y entramos a votar a ver si tenemos 105 votos, de tenerlos –los votos- se aprueba y se manda a publicar aunque el Presidente no quiera”, dijo Taracena.
Según Taracena, las ausencias de funcionarios se incrementaron luego de que el expresidente Otto Pérez Molina ordenara a sus ministros de Estado a no acudir a citaciones.
“Ahora hay una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, el presidente Morales veta y ahora vamos a ver si tiene o no la razón”, señaló.
El veto
Luego de cuatro semanas la Presidencia de la República respondió con una rotunda negación a la medida. El acuerdo gubernativo 49-2016 publicado en el diario oficial establece algunas observaciones que fundamentan el veto, por lo que el Congreso deberá reunir por lo menos 105 votos si quiere concretar las modificaciones penales.
Entre las incongruencias que se señalan en la publiación de este miércoles en el Diario de Centro Amércia, se resalta la del artículo del decreto 13-2016 en el que se determinaba “prisión de dos a tres años” a las personas citadas y se ausenten de manera injustificada. El veto de la Presidencia dice: “Dicha disposición es contraria a lo prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala porque violenta el artículo 17”.
- Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.
Además, la anulación del decreto determina: “El texto del Decreto sujeto a análisis denota inconsistencia y falta de armonía entre sí, al establecerse una contradicción en la parte conducente que copiada dice, que no comparezca luego de haber sido citado o invitado a asistir a informar ante el Congreso de la República, sus Comisiones o Bloques Legislativos, con una anticipación de cuatro días hábiles, deje de asistir sin causa justificada”.
También el veto determina: “El artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece claramente la obligatoriedad que tienen todos los funcionarios y empleados públicos de acudir e informar al Congreso de la República y en esa misma norma propia del Legislativo lo faculta para poder presentar las denuncias a quien no comparezca, es evidente que esa denuncia es por la transgresión de los artículos 414 y 420 del Código Penal vigente, no encontrando explicación alguna de por qué crear otras figuras delictivas”.
