Quiénes son los magistrados que podrían conocer los antejuicios de la CSJ

Expertos en Derecho coinciden que las solicitudes de retiro de inmunidad a magistrados de la CSJ deben enviarse al Congreso, una resolución contraría despertaría dudas de un posible conflicto de interés.

Los magistrados judiciales están siendo señalados por presuntamente manipular la nomina de candidatos para las próximas salas de apelación. Fotografía: Prensa Libre.
Los magistrados judiciales están siendo señalados por presuntamente manipular la nomina de candidatos para las próximas salas de apelación. Fotografía: Prensa Libre.

Las investigaciones por aparentes negociaciones ilícitas para colocar a jueces en la cúpula de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúan. Las sospechas de los investigadores se han situado sobre ocho magistrados titulares y dos exmagistrados del Organismo Judicial (OJ) a quienes pretenden despojar de su inmunidad.

Pero el primer obstáculo que enfrentan estas diligencias de antejuicio es que las autoridades del órgano encargado de tramitarlas son quienes han sido denunciadas. Por eso es necesario que los ocho magistrados se aparten del caso y el Pleno de la CSJ se constituya con suplentes, según juristas consultados.

Aunque esa alternativa también despierta algunas dudas. La Ley Orgánica del OJ explica que si un magistrado titular de la CSJ se inhibe de un caso será sustituido por un suplente, dígase los presidentes de las Cortes de Apelación, y de ser necesarios más suplentes se acudiría a convocar a los magistrados vocales de las salas cercanas al perímetro de la ciudad.

Los antecedentes de las actuales Cortes de Apelación tampoco transmiten confianza a algunos abogados. Reportes de la Feci dan cuenta que magistrados de la Sala Segunda y Cuarta Penal figuran en la lista de personalidades que se reunió con Gustavo Alejos, una de las personas en quien gira la investigación del Caso Comisiones Paralelas 2020.

También pesan resoluciones judiciales recientes que favorecieron a exfuncionarios que fueron sentenciados por investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por ejemplo Gustavo Mendizabal, exmagistrado de CSJ, cumplirá cuatro de seis años de prisión que había recibido como condena, así mismo Pedro Muadi, expresidente del Congreso, tiene que cumplir ocho años de cárcel de los 30 que un tribunal dictó en su momento.

Los magistrados titulares de la CSJ que habrían manipulado la nómina de candidatos para las Cortes de Apelación y que han sido denunciados son: Silvia Patricia Valdés, Felipe Baquiax, Silvia García, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Sergio Pineda y Manuel Duarte.

Asimismo, Ranulfo Rafael Rojas, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Vásquez, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambos formaron parte del pleno de la CSJ cuando se trabajó en la nómina de candidatos para las salas de Apelaciones y, según la Feci, habrían participado en la manipulación de los resultados.

Actualmente la mayoría de las denuncias ya fueron elevadas a la CSJ, a la espera que la Cámara de Amparo y Antejuicios proponga sean incluidos para una próxima discusión de Pleno del OJ.

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Piden excusas

Quienes se deben de apartar de conocer los antejuicios no son únicamente los ocho magistrados titulares que están siendo denunciados, a criterio de Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, los magistrados de sala con algún antecedente sospechoso también se tienen que apartar del proceso.

“Es preocupante el estado de la justicia en estos momentos porque desde las cúpulas, tanto de la CSJ como de la CC, se dan mensajes de favorecer a ciertas redes de impunidad. Desde ahí vemos que es fácil que las Salas de Apelaciones se plieguen a estas posturas que van en línea muy clara de favorecer y perjudicar a sectores independientes, es difícil, pero aun así la demanda ciudadana es que cumplan su deber”, resaltó.

Por su parte Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, coincide en ese punto. “Caemos al factor de que hay algunos magistrados de sala que también han sido señalados, que han sido cuestionados por dictar resoluciones expresas a favor de ciertos personajes, entonces lo esperable es que también se vayan inhibiendo los magistrados de Salas de Apelaciones que tienen, por lo menos, cuestionamientos en el marco de la investigación”.

Guerra judicial

Aunque comparte el mismo criterio, que los magistrados denunciados se deben inhibir de conocer sus propios antejuicios, Alfredo Siekavizza, constitucionalista, considera que todas estas denuncias forman parte de una estrategia judicial para hacerse con el control de uno de los poderes de Estado.

“Idealmente lo que deberíamos ver es que los magistrados que están siendo objeto de retiro de antejuicio deberían de excusarse de conocer sus propios casos, para no caer en lo que hemos visto con la CC de los denominados auto amparos. Lo que estamos viendo ahorita, naturalmente, es la guerra jurídica entre dos grupos que están peleando por el poder”, señaló.

Mientras tanto Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Economicos Nacionales (Cien), asegura que lo primordial es enviar esos expedientes al Congreso, sin repetir precedentes negativos que se vieron en la pasada CC.

“Muchas veces se exige que la CSJ saque de circulación un trámite de antejuicio, quienes se vieron favorecidos lo aplauden o a veces la CSJ lo traslada y quienes se vieron perjudicados la critican, eso se debe a la falta de certeza que generó la CC en diferentes épocas, la CSJ no puede conocer antejuicios de facto que no le competen, le competen en este caso al Congreso, para bien o para mal”, indicó.

Las opciones para suplentes

Sala Primera Penal: Este órgano judicial desempeñó un papel clave para que el juez Mynor Moto, actual prófugo de la justicia, pudiera ser juramentado como magistrado constitucional. La sala otorgó un amparo provisional en donde se ordenó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) oficiarlo como ganador. Moto iba  a sustituir al fallecido Bonerje Mejía.

  • Fredyn Ferández, Presidente.
  • Aura Marina Mancilla, Vocal I.
  • Carlos Rodríguez Meza, Vocal II.

Sala Segunda Penal: En marzo de 2020 esta sala resolvió reducir la sentencia condenatoria de Gustavo Mendizabal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El exmagistrado había recibido una condena de seis años de prisión inconmutables por haber influenciado a favor de Roxana Baldetti, para que en el año 2014 obtuviera un amparo que le permitió dirigir al extinto Partido Patriota. La sentencia se redujo a cuatro años de prisión conmutables. La misma sala también fue la encargada de reducir la sentencia condenatoria al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, que fue encontrado culpable en el Caso de las Plazas Fantasma del Congreso. El exlegislador deberá de cumplir ocho años de prisión y ya no los 30 años que había recibido.

  • Gustavo Dubón Gálvez, Presidente.
  • Roaldo Isaías Chávez, Vocal I.
  • Eduardo Galván Casasola, Vocal II.

Sala Tercera Penal: Tribunal que rechazó la solicitud de antejuicio promovida por Feci y la extinta Cicig en contra del fallecido Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde capitalino, que fue señalado en las negociaciones  presuntamente ilícitas de Byron Lima Oliva.

  • Jaime González Dávila, Presidente.
  • Beyla Estrada Barrientos, Vocal I.
  • Zonia de la Paz Santizo, Vocal II.

Sala Cuarta Penal: En esta sala penal se encuentra  el magistrado Jorge Antonio Valladares, quien a su vez fue el juez pesquisidor en el proceso de antejuicio que promovió la Feci contra el diputado Felipe Alejos. Los agentes investigadores solicitaban el retiro de inmunidad a Alejos para profundizar en las sospechas del Caso Traficantes de Influencias, pero la recomendación del pesquisidor a la CSJ fue que no había  sospechas suficientes para recomendar el retiro de la inmunidad. Valladares recientemente también  recomendó no retirar la inmunidad al magistrado de Sala, Romeo Monterrosa, denunciado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

  • Néctor de León Ramírez, Presidente.
  • Jorge Antonio Valladares, Vocal I.
  • Eliza Victoria Pellecer, Vocal II.

Sala Primera de Mayor Riesgo: Este órgano judicial se encuentra encabezado por la magistrada Anabella Cardona, expresidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia y de la Asociación de Jueces y Magistrados. Cardona cuestionó en todo momento el trabajo de la desaparecida Cicig cuando la dependencia de Naciones Unidas promovía solicitudes de antejuicio contra jueces y magistrados.

  • Anabella Cardona, Presidente.
  • Mynor Oxom Paredes, Vocal I.
  • Marvin Reyes Lee, Vocal II.

Sala Segunda  de Mayor Riesgo: Según investigaciones de Feci el presidente de la sala, Harold Ortiz, figura entre las autoridades judiciales que visitó a Gustavo Alejos, implicado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.  Esta misma sala, pero integrada con suplentes, beneficio al exdiputado Armando Escriba anulando el proceso en su contra dentro del Caso Construcción y Corrupción.

  • Harold Ortiz Pérez, Presidente.
  • Edwin Roberto Ruano, Vocal I.
  • Santos Sajbochol, Vocal II.

Sala Primera de Femicidio: En esta sala era integrante la actual magistrada Constitucional, Dina Ochoa, y el actual vocal, Henry Elías, promovió señalamientos contra el Procurador de los Derechos Humanos a lo interno del Congreso de la República. Actualmente diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo analizan el documento que busca una eventual destitución a Rodas.

  • Noé Ventura Loyo, Presidente.
  • Henry Elías Wilson, Vocal I.