La iniciativa generó polarización, pues fue acuerpada por grupos afines a militares retirados y causó rechazo en colectivos defensores de Derechos Humanos.

De hecho, la discusión llegó a nivel internacional y el pasado 8 de junio el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no repetición pidió al Legislativo no aprobar la legislación.

“Llamamos al Congreso a que se abstenga de aprobar la iniciativa de ley 5377, que persigue reformar el decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, señaló el grupo.

Propuestas encontradas

El pasado 7 de junio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, presidida por el diputado Fernando Linares-Beltranena, quien también es ponente de la iniciativa, dictaminó de forma favorable la propuesta.

El congresista defendió el proyecto de ley y afirmó que se tomaron tres criterios para emitir el dictamen favorable de la iniciativa.

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“La base son los Derechos Humanos, pues se estos se violaron a todos participantes en el enfrentamiento armado, porque no se tomó en cuenta el Derecho Humano de la no retroactividad, que no puede haber una pena sin un delito previo”, afirmó Linares-Beltranena.

Agregó que se violó el debido proceso, porque “los militares están presos y fueron juzgados en tribunales ordinarios y no en tribunales militares como lo ordena la Constitución”.

“Sobre todo, no se tomó en cuenta la amnistía recíproca que fue dictada a la Ley de Reconciliación Nacional  a ambas partes del Conflicto. Por defensa de los Derechos Humanos violados, pedimos que todas las persecuciones y sentencias sean nulas de pleno derecho”, aseveró el congresista.

Sin embargo, el 11 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a donde también fue remitida la iniciativa de ley, emitió un dictamen desfavorable sobre la propuesta de reforma.

Ronald Arango, presidente de la sala de trabajo, aseguró que la decisión de la Comisión se fundamentó en lo que dicen los Derechos Humanos, además de convenciones internacionales, que Guatemala a signado en temas de Derechos Humanos.

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“No podemos permitir que delitos de Lesa Humanidad puedan tener algún tipo de amnistía y por eso que la Comisión de Derechos Humanos determinó que esta propuesta no procedía”, afirmó el parlamentario.

Arango agregó que la decisión de la sala de trabajo no fue tomada a la ligera, y se fundamentó en un documento bastante amplió que tomó en cuenta sentencias y jurisprudencias que ya se dieron sobre Derechos Humanos.

Pleno decidirá

Tanto Linares-Beltranena como Arango coincidieron en algo, quien tendrá la decisión final sobre la iniciativa será el pleno del Congreso, pues cuando la iniciativa se agende para ser discutida los diputados deberán decidir cuál de los dos dictámenes aceptan.

De hecho este procedimiento no es ajeno al Congreso e incluso está normado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) que prevé este tipo de situaciones.

El artículo 43 de dicha legislación habla sobre los dictámenes conjuntos y afirma que “cuando existan criterios opuestos o diferentes entre dos o más comisiones en cuanto a la emisión del dictamen” será el pleno el que deba conocerlos.

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“Cada comisión deberá presentar al pleno el respectivo dictamen favorable o desfavorable, según sea el caso, y será éste, por mayoría absoluta del total de los miembros que integran el Congreso, quien decida sobre la admisión de uno u otro dictamen”, señala la LOOL.

Ambos congresistas concordaron que lo que en verdad importará será la votación final del pleno, pues si se toma el dictámen favorable, la iniciativa podrá seguir su curso para convertirse en ley, pero si es lo contrario, esta será archivada y su trámite habrá concluido.

Por último, tanto el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales como el de La Comisión de Derechos Humanos, tienen un amparo en su contra.

Linares-Beltranena indicó que ya evacuó la audiencia, mientras que Arango señaló que no ha sido notificado sobre ninguna acción en contra del documento que emitió la sala de trabajo.

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