“Recomiendo que la fiscalía general detenga su proceso de criminalización“, dijo la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, al presentar el informe preliminar de su visita de dos semanas a Guatemala.
Durante su estancia en Guatemala, la relatora se reunió con sectores sociales, grupos indígenas, funcionarios judiciales y diputados. También sostuvo encuentros por separado con Bernardo Arévalo y Consuelo Porras.
“He oído a gente que tiene miedo y por eso he dedicado tanto tiempo en mi declaración a hablar del proceso de criminalización. La criminalización es aterradora, es algo que nadie quiere experimentar”, agregó.
Según el informe preliminar, entre los “objetivos de la criminalización” desde la Fiscalía hay “numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad“.
“Quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales“, agregó Satterthwaite en un comunicado sobre sus recomendaciones.
Después de la reunión con Satterthwaite la semana pasada, la fiscal se defendió de los señalamientos y dijo que la institución que dirige “investiga” y “no criminaliza”. “En el Ministerio Público (Fiscalía) no hay excepciones. La ley es para todos”, escribió Porras en X.
Por su lado, Arévalo denunció ante la relatora las “limitaciones” existentes en el país para un sistema independiente, principalmente por las acciones de Porras.
Postura del Ministerio Público
Se consultó con el Ministerio Público la postura de la fiscal general respecto a las declaraciones de la relatora de la ONU. A continuación se detalla textualmente su respuesta:
“El Ministerio Público expresa su desacuerdo con el informe preliminar de la Relatora Especial, cuyas afirmaciones no reflejan integralmente la compleja labor que realizamos ni la información exhaustiva que le fue proporcionada. Lamentamos que se omitieran datos cruciales sobre los esfuerzos institucionales y los desafíos que enfrentamos, incluyendo intentos de injerencia externa”.
“Rechazamos enérgicamente la idea de una “criminalización de sectores”. Nuestras acciones se fundamentan en investigaciones serias, objetivas y en estricto apego al marco legal guatemalteco. La estructura jerárquica del MP, establecida constitucionalmente, busca precisamente garantizar la legalidad y objetividad en la persecución penal, bajo la supervisión de la Fiscal General, sin menoscabar la labor profesional de los fiscales”.
“El MP cuenta con múltiples certificaciones internacionales que avalan nuestro compromiso con la excelencia y la rendición de cuentas. Los recursos institucionales se gestionan priorizando la atención a todos los delitos que afectan a la población guatemalteca –desde la violencia contra la mujer y extorsiones hasta la corrupción– y no solo un tipo específico de casos”.
“Es importante comprender que el éxito procesal no se mide únicamente en condenas; existen diversas salidas legales que resuelven los casos eficientemente. Solo en el último período (comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025), el Ministerio Público fortaleció su capacidad operativa y resolutiva, respondiendo de manera eficiente a la demanda ciudadana de justicia. Dando resultados que se traducen en 512,240 denuncias recibidas, 451,559 casos gestionados, 21,274 acusaciones presentadas, 7,988 solicitudes de allanamiento, 13,411 órdenes de aprehensión giradas y 12,254 personas sentenciadas, además de la creación de nuevas fiscalías especializadas a nivel nacional”.
“El Ministerio Público trabaja en beneficio de toda la población guatemalteca, no para satisfacer intereses particulares. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la justicia”.
