Pruebas falsas: viceministro señalado en denuncia continúa en cargo de viceministro de Cultura

Salud señala a Estrada Rivera, exgerente administrativo financiero de ese ministerio, de los delitos de fraude, conspiración y falsedad material.

Ronaldo Estrada Rivera, exgerente financiero de Salud y actual viceministro del Deporte y la Recreación. (Foto: Hemeroteca PL)
Ronaldo Estrada Rivera, exgerente financiero de Salud y actual viceministro del Deporte y la Recreación. (Foto: Hemeroteca PL)

Ronaldo Estrada Rivera continúa en el cargo de viceministro del Deporte y la Recreación a pesar de la denuncia en su contra planteada por el Ministerio de Salud por haber participado en una compra supuestamente anómala de 30 mil test PCR para la detección de covid-19 por Q7.35 millones.

El funcionario dijo a Prensa Libre que puso a disposición su cargo, pero que cuenta con la confianza del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, y el presidente Alejandro Giammattei. Prensa Libre intentó comunicarse con Aguilar, pero no contestó su celular.

Estrada Rivera asumió el cargo el viceministro del Deporte y la Recreación el 13 de enero de 2021. Previamente, del 1 de junio al 8 de noviembre de 2020, fue gerente administrativo financiero del Ministerio de Salud.

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Sin embargo, ahora enfrenta señalamientos de Salud, que la semana pasada lo denunció por los delitos de fraude, conspiración y falsedad material.

El proceso de adquisición no está siendo cuestionado, el problema, fuera de mi gestión, es que en noviembre o diciembre Huehuetenango reportó problemas con las pruebas ya adquiridas. Ronaldo Estrada Rivera, viceministro de Deporte y la Recreación.

Estrada Rivera dijo a que las pruebas de detección no fueron recibidas en la bodega de Unidad de Proyectos de Infraestructura de Salud  (Uprisal) porque no cuenta con cadena de frío, ante lo cual, y por instrucción de Francisco Coma, viceministro de Hospitales, los test fueron enviados a los hospitales y áreas de Salud de Huehuetenango y Chimaltenango donde sí existe equipo para la conservación.

“El proceso de adquisición no está siendo cuestionado, el problema, fuera de mi gestión porque yo dejé el cargo el 8 de noviembre, es que en noviembre o diciembre Huehuetenango reportó problemas con las pruebas ya adquiridas”, mencionó.

Aseguró que en los expedientes de compra se pueden cometer errores, como que quien firmó por Kron Científica e Industrial SA fue Juan Pablo Arocha Urbina y no el representante legal Luis Alfredo Arocha Bermúdez, a quienes no conoce según subrayó, sino que se da prioridad al código de Registro de Proveedores del Estado que denota que las empresas, en este caso Kron, ha brindado servicios con anterioridad.

No obstante, enfatizó que una vez él firmó el contrato, este pasa al despacho ministerial donde, después de tres filtros, hubo firma de la ministra, Amelia Flores.

Para Estrada Rivera, la denuncia es espuria y ya se presentó en el Ministerio Público para presentar documentación en descargo de la denuncia planteada por Flores la semana pasada.

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Qué hizo

De acuerdo con la denuncia, Estrada Rivera y Juan Pablo Arocha Urbina, de Kron Científica e Industrial SA, firmaron el contrato administrativo 50-2020, compra de 30 mil test durante el estado de Calamidad y aprobado el 8 de octubre de 2020, de la cual se desprenden estas irregularidades: Arocha Urbina no es el gerente general y representante legal de la empresa sino Luis Alfredo Arocha Bermúdez.

El contrato decía que las pruebas debían entregarse en la bodega central de la Unidad de Proyectos de Infraestructura de Salud  (Uprisal), 11 avenida A 13-76, zona 7, colonia la Verbena, sin embargo, no fue así, porque no se cumplieron los plazos de entrega ni los test fueron entregados en los hospitales y áreas de Salud de Chimaltenango y Huehuetenango.

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Esos cambios, según Salud, fueron para generar el pago por Q7 millones 350 mil a favor de Kron.

La denuncia expresa que Estrada Rivera firmó el contrato con Kros Científica e Industrial, SA “sin haber verificado el cumplimiento de requisitos legales pertinentes, facilitando actuación que se concertare el actuar de la organización delictiva apuntada” y asegura que pudo haber evitado la consumación del acto “si se hubiere dado por él una actuación diligente y responsable”.

Desde el Ejecutivo no se han tomado acciones sobre Estrada Rivera.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación de la Presidencia, declaró que el Gobierno es respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho legítimo de defensa.

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“Si existen indicios de la comisión de algún delito, es obligación de todo funcionario presentar la denuncia penal correspondiente, sustentando la acusación con la evidencia debida. Esta obligación cobra mayor relevancia al tratarse de un asunto relacionado a la salud de los guatemaltecos en donde las autoridades respectivas deben hacer efectivo el compromiso de velar por los debidos procesos administrativos para garantizar la calidad del gasto y el fortalecimiento del sistema de salud”, añadió.

Señaló que el Ejecutivo reafirma “su compromiso en favor de la transparencia y no tolerará actos de corrupción en ninguna instancia”.