También asegura que la restricción de la información cabe dentro de los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública puesto que la divulgación de esa información puede perjudicar o dañar labores de investigación, prevención o persecución de delitos.
En ese contexto algunas de las actividades son los controles de vehículos y combustible, dispositivos y estudios de seguridad, planes de seguridad y escenarios, videos de la Casa Presidencial y Palacio Nacional de la Cultura, expedientes poligráficos, reporte de sitios o páginas visitadas por el personal, control de uso de armas, registros clínicos, entre otros.
El presidente electo Otto Pérez Molina dijo que el acuerdo que avala la reserva será derogado cuando tome posesión ya que “la población tiene derecho a conocer en qué se gastan sus recursos y si esos gastos no son justificados los responsables deberán afrontar la ley”.
La reserva a la información llega cuando un agente de la SAAS está procesado por abusar de una menor de edad a su reguardo, y cuando la institución eroga cantidades millonarias para la renta de vehículos blindados para funcionarios.
