Velásquez confirmó a periodistas que la Cicig, instalada en Guatemala por la Organización de Naciones Unidas  (ONU) en 2007, lleva a cabo actualmente investigaciones “que se refieren a miembros del Congreso de la República”.
 
“Oportunamente estaremos, en la medida en que las investigaciones se concreten, presentando los resultados con la instauración de los antejuicios (pérdida de la inmunidad) correspondientes”, afirmó Velásquez antes de un acto público celebrado en la Ciudad de Guatemala.
 
La entidad internacional sacudió en abril y mayo al gobierno del presidente del país, Otto Pérez Molina, con la desarticulación de dos estructuras millonarias de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS).
 
Las autoridades han detenido por ambos casos a al menos 44 personas, entre funcionarios y particulares, incluido el exsecretario privado de Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, quien dirigía el IGSS al momento de su captura.
 
El escándalo en la SAT le costó el puesto a la ahora exvicepresidenta de la nación, Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo ante las protestas populares y la presión de la cúpula empresarial por la vinculación en el caso de su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia.
 
Velásquez anticipó que próximamente harán público un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, que llevará a cabo elecciones generales en el próximo mes de septiembre.
 
“El informe pretende mostrar cuál es la realidad del financiamiento de las campañas políticas en Guatemala, mirando desde la normativa, pero (investigando) métodos de financiamiento que están en la frontera de lo lícito y lo ilícito, y otros que son francamente ilícitos” , subrayó el jurista colombiano.
 
La nación centroamericana elegirá el próximo 6 de septiembre a 158 diputados, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales, además de su presidente y vicepresidente para el período 2016-2020.
 
La Cicig fue creada para investigar y desmantelar a los grupos clandestinos criminales dentro de las estructuras del Estado en la nación centroamericana.
 
Los diputados guatemaltecos gozan del privilegio de antejuicio en su cargo por lo que cualquier acusación en su contra deberá ser avalada primero por la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) y posteriormente por el Congreso de Guatemala, para que se les retire la inmunidad.