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En menos de 24 horas de estar en vigor los cambios a la ley, ya se presentaron tres inconstitucionalidades. Las impugnaciones señalan serias violaciones a la libertad de expresión, asociación y hasta temen que exista una persecución contra todos aquellos que no compartan la misma opinión que el Gobierno de turno.
Las acciones se presentaron por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Acción Ciudadana y Alianza por las Reformas; así mismo por varias instancias que respaldan a la Asociación de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads).
Dichas instancias esperan que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspenda provisionalmente la ley, aseguran que cuando el tribunal constitucional rechazó los amparos no se entró a discutir el fondo de la ley, algo que esperan ocurra con las inconstitucionalidades.
Su principal temor son los artículos que le dan un poder casi absoluto al Ministerio de Gobernación sobre las oenegés, ya que esta cartera puede clausurar a cualquier movimiento que según ellos altere el orden público.
Las reformas a la Ley de Onegés están amparadas en el decreto legislativo 4 – 2020. Fueron aprobadas cuando el diputado Jorge Mario García Silva, del bloque Prosperidad Ciudadana (PC), propuso un punto resolutivo para que el Congreso se pronunciara por la pandemia, pero párrafos abajo de esa idea principal se encontraba incluir en la agenda de sesiones la tercera lectura y redacción final de la nueva ley.
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Desconfían de la ley
Todas las organizaciones que acuerparon las inconstitucionalidades dudan del criterio que pueda utilizar el Ministerio de Gobernación al momento de crear y aplicar el reglamento de las reformas a la Ley de Oenegés. Linsley Tillit, directora de Asociación de Mujeres Alas de Mariposa, que respalda a Fads, señaló que se podría revivir el abuso de fuerza que se utilizó cuando la población manifestó por la aprobación del presupuesto 2021.
“Es preocupante porque recordemos que bajo el mandato del ministro de Gobernación estuvieron todas las persecuciones y ataques a las manifestaciones ciudadanas de noviembre de 2020, fueron ataques bastante focalizados incluso a los movimientos feministas. Lo que vemos es una política de represión a la manifestación ciudadana y si así fue, eso es tan solo un indicador de cómo puede ser la persecución a las organizaciones que manifiesten sus opiniones”, indicó la dirigente.
Por su parte Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), compartió el mismo temor. “Cuando uno la analiza puede ver que se implementan procedimientos de cancelación discrecional en contra de las organizaciones, se limita esa libertad de asociación que se tiene y prácticamente se plantea un mecanismo que más parece un proceso sumario para condenar a muerte civil a las organizaciones, estos mecanismos solo podrían ser comparados con leyes de Venezuela o Nicaragua”.
Buscar instancias internacionales
El abogado David Gaytán, asesor jurídico de Alianza por las Reformas, esta consiente que la decisión de la CC puede ser la misma que tomó la semana pasada: Respaldar la Ley de la Oenegés.
Aunque estima que de ser ese el escenario estarían tocando puertas ante instancias internacionales, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que a nivel mundial estas reformas legales pueden ser consideradas como un auténtico retroceso.
“Nuestra intención es agotar la vía legal guatemalteca esperando que esto nos lleve a un buen resultado, pero si no habrá que acudir a los entes de justicia de nivel internacional. Es importante señalar que hay toda una retórica tras el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y diputados, en cuanto hacerle creer a la población que las oenegés tienen que ser fiscalizadas, eso es falso. Los órganos de control y esa fiscalización ya existe en la actualidad, hasta le podría mencionar que las organizaciones que son más críticas del Gobierno todas tiene auditorias de la Intendencia de Verificación Especial y de la Contraloría General de Cuentas, es mentira decir que no estén fiscalizadas las oenegés”, señaló.
De momento el Ministerio de Gobernación tiene, desde este lunes, 30 días para emitir el reglamento de la ley y toda oenegé que opere en Guatemala tienen seis meses para registrarse nuevamente ante gobernación, no hacerlo las llevaría a ser canceladas.
