Semana decisiva: Congreso insiste en dejar fuera a la CGC de la fiscalización de Q11 mil millones

La fórmula se encuentra en una iniciativa de ley que impulsa el oficialismo e impediría fiscalizar el dinero en cinco programas de atención al covid-19.

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La iniciativa 6120 consiguió dictamen a favor en tan solo ocho días. Fotografía: Congreso.
La iniciativa 6120 consiguió dictamen a favor en tan solo ocho días. Fotografía: Congreso.

La iniciativa 6120 es el nuevo objetivo de la alianza oficialista, con esta posible ley se excluye a la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la fiscalización de dinero público que ingrese a entidades bancarias.

Dicha propuesta lleva por título “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID”, busca que el Gobierno pueda utilizar los fondos que quedaron para seguir mitigando los estragos económicos de la pandemia.

Aunque en el fondo, a criterio de diputados de oposición y expertos en gestión pública, es una forma sutil para evadir la fiscalización y ocultar cualquier mal manejo en los recursos que aprobó el Congreso en 2020.

Esta iniciativa señala que la entidad garante del control es la Superintendencia de Bancos (SIB), aclarando que no sería competencia de la CGC, extremo que ha despertado dudas entre la oposición y expertos.

La cantidad financiera que quedaría fuera de la auditoría son Q11 mil 430 millones 900 mil, correspondientes a los cinco programas de respuesta a la pandemia autorizados por el Congreso hace dos años.

Entre los programas que contempla la ley está el Fondo Familia, Protección al Empleo, Capital de Trabajo, Protección de Capitales y el Fondo de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Congresistas de oposición afirman que a la fecha muchos desconocen en que se invirtió ese dinero y si todavía existe un restante, ya que cada vez que solicitan información al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) este niega los datos escudados en el secreto bancario.

¿Qué partidos impulsan la ley?

La alianza oficialista ha demostrado que reúne a más de 100 diputados para votar por los decretos de su interés, en la iniciativa 6120 firman como ponentes 12 legisladores de siete partidos políticos.

Por el partido de Gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), encabeza las firmas la actual presidenta del legislativo, Shirley Rivera, seguido de su jefe de bancada, Carlos Calderón junto a los diputados Mynor Mejía y Juan Francisco Mérida.

De la Unión del Cambio Nacional (UCN), que aún sobrevive por una impugnación no resuelta que retrasa su cancelación, firman de ponentes Karla Martínez y Carolina Orellana Cruz.

Firmando como ponentes en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se encuentran Carlos López Maldonado y Carlos Santiago Nájera.

Bajo el respaldo de Visión con Valores (Viva), firma como ponente el diputado Aníbal Rojas; Felipe Alejos lo hace en representación de Todos; Efraín Menéndez lo hace por el partido Valor; y Julio Cesar Longo como integrante del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación).

Corrupción y opacidad

Diputados de oposición se manifestaron en contra del proyecto que ya fue aprobado en su primer debate en la sesión del miércoles 24 de agosto, manifestando que es un proyecto que despierta dudas al hablar de transparencia.

“Una iniciativa que asusta a quienes buscamos la transparencia y que los fondos públicos sean ejecutados de manera eficiente”, explicó Cristian Álvarez, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Actualmente las entidades bancarias, concretamente el CHN, no ha compartido información de los fondos que recibió del Estado para la ejecución de programas por la pandemia, señaló Samuel Pérez de Movimiento Semilla.

“Están quitando a la CGC para que fiscalice este dinero, cuando como diputados pedimos que nos rindiera cuentas el CHN acerca de donde se iba este dinero nos dijeron que no podían dar la información por secreto bancario, esto es inaceptable porque es dinero público”, indicó.

El bloque Winaq y el Grupo Parlamentario de Oposición, fracción disidente de la UNE, también alertó sobre los riesgos que conlleva aprobar una iniciativa de ley como esta.

“Ojo que aquí la CGC no está fiscalizando recursos privados, no se está metiendo con el secreto bancario, aquí la CGC va a fiscalizar los fondos públicos que el Congreso asignó”, argumentó el Congresista Orlando Blanco.

Habrá fiscalización

La iniciativa se presentó ante Dirección Legislativa el pasado 21 de julio, fue presentada ante el Pleno y enviada a la Comisión de Finanzas el 2 de agosto, para que en tan solo ocho días la iniciativa ya tuviera dictamen favorable.

Esta mesa de trabajo está liderada por el oficialismo, su presidente es el diputado Cándido Leal, quien afirma que si existe un respaldo técnico en la propuesta y que no se está evadiendo la fiscalización, ya que aclaran en la propuesta que la entidad garante debe de ser la SIB por mandado constitucional.

“Este presidente de la Comisión de Finanzas deja bien claro que la iniciativa 6120 refiere que a instituciones financieras por ley la única que puede fiscalizar es la SIB”, señaló Leal.

Así mismo refirió que quienes han atacado esta propuesta no se han tomado el tiempo para leerla, ya que se han dedicado a mantener una oposición destructiva dentro del Pleno.

“Piensan que estamos en campaña y que hablan de corrupción pero no es así, no tienen ni un documento de su labor fiscalizadora para decir ‘acá tengo las pruebas de corrupción en tal ministerio por tal ejecución’, si no se van contra una iniciativa”, refirió.

Detener la 6120

A criterio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es prudente que el Congreso detenga la aprobación de la iniciativa 6120, ya que existen vacíos que pueden ser contraproducentes en transparencia y materia fiscal.

Ricardo Barrientos, investigador del instituto, explicó que por mandato constitucional la SIB se encarga de vigilar a las entidades financieras, pero también por mandato legal la CGC hace lo mismo con cualquier dinero o entidad que reciba fondos públicos.

Este roce a criterio de Barrientos amerita una consulta a la propia Corte de Constitucionalidad (CC), ya que uno de los efectos inmediatos de esta ley es que no se pueda castigar cualquier mal manejo en los fondos autorizados e 2020 y cuya intención era mitigar la pandemia.

“Esto puede sentar un precedente sumamente dañino y peligroso en el que se buscaría que los recursos públicos sean ejecutados mediante un fideicomiso o una entidad bancaria, todo con el propósito de considerarla protegida como información bancaría. Esto sería un retroceso y un problema muy grave de opacidad fiscal”, explicó.

Durante el primer debate la oposición se manifestó en contra de la iniciativa, pero los oficialistas afirmaron que por “orden y estrategia” no iban a emitir pronunciamientos de defensa en el Pleno hasta la tercera lectura y redacción final.