El Magisterio Nacional, encabezado por Joviel Acevedo, pidió este martes 12 de marzo al Congreso de la República reestablecer el seguro médico escolar. El acuerdo fue derogado por el gobierno actual el pasado 5 de febrero.

Acevedo, acompañado de otros líderes sindicales, asistieron a una citación convocada por la Comisión de Educación en donde se abordaron diversos temas, como el remozamiento de escuelas y los términos del pacto colectivo.

Los líderes sindicales manifestaron su descontento con las decisiones tomadas por las autoridades del Ministerio de Educación, que consideran una violación directa del pacto colectivo la derogación del seguro, ya que forma parte de este. Por esa razón, consideran la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones y medidas de hecho si no se cumplen sus demandas.

“Observamos con profunda inquietud las recientes decisiones tomadas por las actuales autoridades del Ministerio de Educación, decisiones que ponen en riesgo los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas, así como la integridad de la cobertura educativa en Guatemala”, señala el comunicado que se entregó a la comisión legislativa.

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“…enérgicamente exigimos, número uno, que previo a concretar los convenios entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asistencia Social para atender a la población escolar del país, se mantengan los servicios del seguro médico escolar, en tanto se hacen las mejoras correspondientes en la deficiente atención sanitaria a Guatemala, demandando restablecer inmediatamente el seguro médico sindicado”, se afirma en el documento.

Adicional, el grupo solicita que se garanticen las condiciones de trabajo que establecen las juntas mixtas y las mesas técnicas de trabajo entre el sindicato y el Ministerio de Educación en seguimiento a los acuerdos del pacto colectivo. Estas son dos de las ocho solicitudes que plantean los sindicalistas.

“El incumplimiento de estas exigencias hará que se tomen las medidas constitucionales existentes para hacerlas cumplir, reservándonos el derecho de manifestarnos y movilizarnos junto a los padres de familia para conseguir lo anteriormente solicitado”, aseguró el sindicato en el comunicado.

El seguro médico escolar daba acceso más de tres millones de estudiantes del sector público.

“Se ha decidido derogar el acuerdo gubernativo 44-2020 que establecía el programa del seguro médico escolar, simultáneamente se seguirán llevando a cabo las auditorías solicitadas sobre el seguro que opera desde el 2020, y sin lugar a duda se procederá con apego a la ley una vez que se reciban los resultados de esas diligencias”, argumentó la ministra de Educación, Anabella Giracca, cuando la medida quedó sin vigencia.

A partir de esa decisión, la atención a los estudiantes quedó a cargo del Ministerio de Salud.

Estas son las ocho peticiones del sindicato de maestros:

1. Previo a concretar los convenios entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asistencia Social para atender a la población escolar del país, se mantengan los servicios del seguro médico escolar, en tanto se hacen las mejoras correspondientes en la deficiente atención sanitaria a Guatemala, demandando restablecer inmediatamente el seguro médico sindicado.
2. Respetar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ya que el seguro médico escolar, como otros programas de apoyo, están protegidos como prestaciones educativas debe brindar el Ministerio de Educación, según lo establece el artículo 72 del referido pacto.
3. Que se garanticen los artículos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que establecen las juntas mixtas y las mesas técnicas de trabajo, mismas que garantizarán el diálogo social entre el Ministerio de Educación y el sindicato proponente de dicho pacto, evitando con ello irregularidades que violenten nuevamente esta ley profesional.
4. Que se garantice que ningún otro programa de apoyo para la niñez y la juventud sea arrebatado a las responsabilidades del Ministerio de Educación. Por el contrario, que los mismos sean mejorados, incrementados y universalizados a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
5. Que la alimentación escolar, antes de seguirla exigiendo en forma servida, se asegure que los establecimientos educativos cuenten como mínimo con agua potable o entubada, servicio de energía eléctrica, cocineras acorde a la cantidad de estudiantes, cocina, comedor, estufas industriales, refrigeradoras, licuadoras, utensilios de cocina y recursos para la compra del combustible utilizado para cocinar. Mientras no se garantice esto, que la alimentación escolar siga otorgándose a través de bolsas de alimentos.
6. Que el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo respeten y cumplan los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la libertad de sindicalización y de negociación colectiva.
7. Que urgentemente este documento sea entregado a la Junta Directiva del Congreso de la República y a todas y todos los diputados de este organismo. También que sea trasladado en su totalidad el actual pacto colectivo de condiciones de trabajo.
8. Que fiscalicen y sean garantes de la negociación de la firma y homologación del nuevo pacto colectivo.

Respecto a lo anterior, se solicitó una postura al Ministerio de Educación, pero David de León, vocero de esa cartera, dijo que trasladaría la información requerida, pero aún no lo ha hecho.