La opinión de la sala de Probidad se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 10 de abril pasado, contra los integrantes del consejo directivo del Inde que autorizaron la adquisición, al señalar irregularidades en ese proceso y firma del contrato.
Señalan vicios
La licitación del estudio de factibilidad para el proyecto Xalalá se declaró desierto el 5 de marzo del 2013, al no existir ninguna empresa interesada en presentar ofertas. De acuerdo con la CGC, el poco interés pudo haber obedecido a que cada empresa interesada debía pagar US$10 mil por el derecho a participar.
“Esa condición se puso para que nadie participara y se cumpliera con la ley, y a la vez se planteara la necesidad de hacerlo a través de una adjudicación sin concurso”, explicó Pop.
Según el informe de la sala de Probidad, se violó la Ley Orgánica del Inde al haber firmado un contrato con el mandatario de la empresa Intertechne, que es una persona jurídica, ya que de acuerdo con esa normativa solo se debe reconocer a personas individuales.
“El Inde, después de firmar el contrato millonario, todavía le fijó un plazo de 60 días a la empresa para que se estableciera en el país”, señaló el parlamentario.
Pop dijo que denunció al consejo directivo del Inde por incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad, y a la empresa Intertechne Consultores, S.A., por enriquecimiento ilícito de particulares.
Mario Minera, de la oficina de Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, presente en la reunión, confirmó que han recibido quejas de pobladores, y se analiza una denuncia por lesividad del contrato del proyecto hidroeléctrico Xalalá.
Minera agregó: “Individualmente están violando —con el proyecto Xalalá— tres derechos fundamentales: el de la vida, vivir en un ambiente sano y el derecho a la salud”.
Denuncias no avanzan
Las denuncias presentadas por la CGC contra los integrantes del consejo directivo, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, están detenidas en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).
Según la oficina de prensa del MP, “la denuncia presentada contra el señor Érick Estuardo Árchila Dehesa fue enviada el 22 de abril por la Fiscalía de Delitos Administrativos, a Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el funcionario goza de derecho de antejuicio, por lo que será la CSJ la que determine si la denuncia que se interpuso procede”.
Según la información oficial, “todas las personas que fueron denunciadas por el mismo hecho y el mismo delito y que no tienen derecho de antejuicio no pueden ser investigadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos hasta que la CSJ resuelva el antejuicio” contra Archila.
Pop manifestó: Lo dispuesto por el MP “puede ser un mecanismo de impunidad, que es arriesgado en la legislación vigente. No es posible que se beneficie del derecho de antejuicio e inmunidad a ningún funcionario que no lo tenga, en este caso se está forzando de manera fraudulenta la ley”.
Persiste rechazo
Representantes de las comunidades de incidencia directa del proyecto Xalalá, que se pretende construir entre Alta Verapaz y Quiché, escucharon el informe de la comisión, y sostienen que además del problema legal está el rechazo social.
Federico Poob, de la comunidad Margaritas, la más cercana al área donde se proyecta construir la hidroeléctrica, comentó que el rechazo se fundamenta en que no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores.
Poob explicó que la mayor preocupación de las comunidades es que habría un desplazamiento forzado de las familias que viven hasta a dos kilómetros del río Chixoy.
“Si se construye Xalalá, según datos del Inde, el embalse inundaría el 80% de nuestra comunidad, y ahí están las tierras más fértiles. Se cultiva maíz y frijol, y el embalse implicaría renunciar a esas tierras productivas”, añadió.
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Datos
Q40 millones es el costo del estudio de factibilidad.
Q9 millones fue el adelanto del Inde a la empresa.
LOS DENUNCIADOS
El 10 de abril, la CGC presentó una denuncia penal contra 12 integrantes de la junta directiva del Inde.
>> Erick Archila, presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación y ministro de Energía y Minas.
>> Ekaterina Parrilla Artuguina, vicepresidenta del consejo directivo del Inde y secretaria de Planificación y Programación.
>> Marinus Arie Boer Johannessen, ex gerente general y exsecretario del consejo directivo del Inde.
>> Isaías Martínez Morales, director titular del consejo directivo y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.
>> Samuel Nenroth Hernández Orantes, director titular y representante de asociaciones y/o sindicatos de trabajadores del país.
>> Hugo Fernando Gómez Cabrera, director suplente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).
>> Wálter Conrado Gaitán Morales, Director suplente y representante de asociaciones y/o sindicatos del país.
>> Gustavo Adolfo Recinos Corea, director suplente por la Anam y jefe edil de Jalpatagua, Jutiapa.
>> Widthmark Gabriel Estrada, gerente de Desarrollo de Proyectos del Inde.
>> Marco Vinicio Castillo Mogollón, gerente financiero del Inde.
>> Víctor Manuel Alegría Rodas, jefe de la asesoría jurídica del Inde.
>> Jorge Menéndez Barahona, jefe del Departamento Jurídico del Inde.
Inde se defiende
Jorge Stalling, gerente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), aseguró ayer en conferencia de prensa que la Contraloría General de Cuentas no ha presentado hasta la fecha una notificación formal sobre los señalamientos de anomalías en la contratación de la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A.
“Oficialmente no hemos sido notificados ni hemos tenido la oportunidad de defendernos”, afirmó Stalling.
El directivo dijo que desconocen si hay denuncias por parte del Ministerio Público contra directivos o funcionarios del Inde.
Víctor Alegría, asesor jurídico de ese instituto, confirmó que no se conoce ningún proceso administrativo por parte de la Contraloría General de Cuentas.
“La Ley Orgánica de la Contraloría establece un mecanismo en el cual se deben respetar los derechos de defensa, de publicidad y de investigación”, afirmó el profesional.
Agregó que los órganos jurisdiccionales van a juzgar simplemente sobre una denuncia, y la institución está en la mejor disposición de ser transparente y mostrar las pruebas que correspondan”.
Alegría dijo que es importante tener claro que el hecho de que la empresa brasileña contratada no haya tenido sucursal en Guatemala no significa que no sea honorable, pues tiene muchos años de operar y es reconocida internacionalmente.
