Solicitan lesividad de hidroeléctrica Xalalá

La Comisión legislativa de Probidad demandó declarar lesivo el contrato de adjudicación del estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Xalalá, por US$5.3 millones —unos Q40 millones—, y procesar al consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por haber otorgado el concurso con supuestas irregularidades.

El proyecto Xalalá estaría ubicado en la bifurcación de los ríos Pocón y Chixoy, entre Cobán y Quiché.
El proyecto Xalalá estaría ubicado en la bifurcación de los ríos Pocón y Chixoy, entre Cobán y Quiché.

Según un informe presentado por el presidente de la comisión, Amílcar Pop, el evento “fue dirigido” para beneficiar a la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., que cuando firmó el contrato y recibió el primer pago por Q9 millones no tenía representación legal en el país.

La opinión de la sala de Probidad se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 10 de abril pasado, contra los integrantes del consejo directivo del Inde que autorizaron la adquisición, al señalar irregularidades en ese proceso y firma del contrato.

Señalan vicios

La licitación del estudio de factibilidad para el proyecto Xalalá se declaró desierto el 5 de marzo del 2013, al no existir ninguna empresa interesada en presentar ofertas. De acuerdo con la CGC, el poco interés pudo haber obedecido a que cada empresa interesada debía pagar US$10 mil por el derecho a participar.

“Esa condición se puso para que nadie participara y se cumpliera con la ley, y a la vez se planteara la necesidad de hacerlo a través de una adjudicación sin concurso”, explicó Pop.

Según el informe de la sala de Probidad, se violó la Ley Orgánica del Inde al haber firmado un contrato con el mandatario de la empresa Intertechne, que es una persona jurídica, ya que de acuerdo con esa normativa solo se debe reconocer a personas individuales.

“El Inde, después de firmar el contrato millonario, todavía le fijó un plazo de 60 días a la empresa para que se estableciera en el país”, señaló el parlamentario.

Pop dijo que denunció al consejo directivo del Inde por incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad, y a la empresa Intertechne Consultores, S.A., por enriquecimiento ilícito de particulares.

Mario Minera, de la oficina de Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, presente en la reunión, confirmó que han recibido quejas de pobladores, y se analiza una denuncia por lesividad del contrato del proyecto hidroeléctrico Xalalá.

Minera agregó: “Individualmente están violando —con el proyecto Xalalá— tres derechos fundamentales: el de la vida, vivir en un ambiente sano y el derecho a la salud”.

Denuncias no avanzan

Las denuncias presentadas por la CGC contra los integrantes del consejo directivo, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, están detenidas en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

Según la oficina de prensa del MP, “la denuncia presentada contra el señor Érick Estuardo Árchila Dehesa fue enviada el 22 de abril por la Fiscalía de Delitos Administrativos, a Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el funcionario goza de derecho de antejuicio, por lo que será la CSJ la que determine si la denuncia que se interpuso procede”.

Según la información oficial, “todas las personas que fueron denunciadas por el mismo hecho y el mismo delito y que no tienen derecho de antejuicio no pueden ser investigadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos hasta que la CSJ resuelva el antejuicio” contra Archila.

Pop manifestó: Lo dispuesto por el MP “puede ser un mecanismo de impunidad, que es arriesgado en la legislación vigente. No es posible que se beneficie del derecho de antejuicio e inmunidad a ningún funcionario que no lo tenga, en este caso se está forzando de manera fraudulenta la ley”.

Persiste rechazo

Representantes de las comunidades de incidencia directa del proyecto Xalalá, que se pretende construir entre Alta Verapaz y Quiché, escucharon el informe de la comisión, y sostienen que además del problema legal está el rechazo social.

Federico Poob, de la comunidad Margaritas, la más cercana al área donde se proyecta construir la hidroeléctrica, comentó que el rechazo se fundamenta en que no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores.

Poob explicó que la mayor preocupación de las comunidades es que habría un desplazamiento forzado de las familias que viven hasta a dos kilómetros del río Chixoy.

“Si se construye Xalalá, según datos del Inde, el embalse inundaría el 80% de nuestra comunidad, y ahí están las tierras más fértiles. Se cultiva maíz y frijol, y el embalse implicaría renunciar a esas tierras productivas”, añadió.

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Datos

Q40 millones es el costo del estudio de factibilidad.

Q9 millones fue el adelanto del Inde a la empresa.

LOS DENUNCIADOS

El 10 de abril, la CGC presentó una denuncia penal contra 12 integrantes de la junta directiva del Inde.

>> Erick Archila, presidente del  consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación y ministro de Energía y Minas.

>> Ekaterina Parrilla Artuguina, vicepresidenta del  consejo directivo del Inde  y secretaria de Planificación y Programación.

>> Marinus Arie Boer Johannessen, ex gerente general  y exsecretario del consejo directivo del Inde.

>> Isaías Martínez Morales, director titular del consejo directivo y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

>> Samuel Nenroth Hernández Orantes, director titular y representante de asociaciones y/o sindicatos de trabajadores del país.

>> Hugo Fernando Gómez Cabrera, director suplente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

>> Wálter Conrado Gaitán Morales, Director suplente y representante de asociaciones y/o sindicatos del país.

>> Gustavo Adolfo Recinos Corea, director suplente por la Anam y jefe edil de Jalpatagua, Jutiapa.

>> Widthmark Gabriel Estrada, gerente de Desarrollo de Proyectos del Inde.

>> Marco Vinicio Castillo Mogollón, gerente financiero del Inde.

>> Víctor Manuel Alegría Rodas, jefe de la asesoría jurídica del Inde.

>> Jorge Menéndez Barahona, jefe del  Departamento Jurídico del Inde.

Inde se defiende

Jorge Stalling, gerente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), aseguró ayer en conferencia de prensa que la  Contraloría General de Cuentas no ha presentado hasta la fecha una notificación formal  sobre los señalamientos de anomalías en la contratación de la empresa brasileña Intertechne  Consultores, S.A.

“Oficialmente no hemos sido notificados  ni hemos tenido  la oportunidad de defendernos”, afirmó Stalling.

El directivo  dijo que desconocen si hay  denuncias por parte del Ministerio Público contra directivos o funcionarios del Inde.
Víctor Alegría, asesor jurídico de ese instituto, confirmó que no se conoce ningún proceso administrativo por parte de  la Contraloría General de Cuentas.  

“La Ley Orgánica de la Contraloría establece un mecanismo en el cual se deben respetar los derechos de defensa, de publicidad y de  investigación”, afirmó el profesional.

Agregó que los órganos jurisdiccionales van a juzgar simplemente sobre una denuncia, y la institución está en la mejor disposición de ser transparente y mostrar las pruebas que correspondan”.

Alegría dijo que es importante tener claro que el hecho de que la empresa brasileña contratada no haya tenido sucursal en Guatemala no significa que no sea honorable, pues tiene muchos años de operar y es reconocida internacionalmente.