“Son los decanos de Derecho de sus universidades, aunque estudien Arquitectura, Medicina o Ingeniería. Es decir, su universidad va a participar en la elección de fiscal general. Por lo tanto, su universidad debería responder a lo que cada uno de ustedes, a lo que el colectivo considera respecto de fiscal general”, dijo Velásquez a los participantes del conversatorio Voces Jóvenes por los Derechos Humanos.
El jefe de la Cicig considera que “lo primero” que debería hacerse el próximo año son discusiones entre los decanos de Derecho y los jóvenes.
Jóvenes vigilantes
“Es positivo y necesario que se involucren los jóvenes en este tipo de proceso, particularmente los de Ciencias Jurídicas y Sociales. Debería darse porque generaría la sensación de transparencia que necesitamos en el país”, expuso María Fernanda Galán, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
De acuerdo con Galán, debe aprovecharse que las sesiones de las comisiones de postulación sean abiertas y que tanto organizaciones de la sociedad como personas individuales se acerquen para vigilar el proceso de revisión de expedientes.
“Si la ciudadanía conoce tachas, que las haga ver a las comisiones, que conozcan los perfiles de los candidatos, indagar y, cuando sea el momento de la elección, hacer pronunciamientos para que el presidente seleccione a la persona de mayor idoneidad, con capacidad técnica, profesional, y honorabilidad”, añadió la analista.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), calificó de positiva la iniciativa de Velásquez para las universidades, ya que en procesos anteriores se ha visto un “foco bastante débil”, en el cual los operadores de justicia han “aprovechado” para hacer sus cabildeos, tanto de sectores pudientes como de círculos políticos.
“Los foros garantizan tener el conocimiento en cuanto a la persona que pueda ser la idónea en ese cargo tan importante. Nos permite también que la población guatemalteca se dé cuenta de si puede existir algún tipo de injerencia política o de otros sectores”, destacó el experto.
Acuña expresó que la ciudadanía debe estar pendiente, ya que en anteriores procesos ha existido poco interés de la población en general, pese a que es una decisión que le afecta en su vida diaria, por el combate a la criminalidad.
Recordó que la población tiene un antecedente histórico de participación: las protestas desde 2015.
Los mejores candidatos deben poseer conocimiento del proceso penal y de la función pública; trayectoria reconocida, pero que la comisión postuladora “tenga cuidado” de verificar que la información proporcionada sobre los cursos y participación de congresos sea cierta, añadió Acuña.
El analista del Ipnusac dijo que, por la coyuntura de los últimos años, es necesario que el mandatario tome en cuenta una planilla que, además de cumplir con las anteriores características, esté integrada por profesionales que estén enterados de los cambios urgentes en el sector justicia, como las reformas constitucionales.
“Pero también otras leyes, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y Servicio Civil. Las postuladoras deben analizar el plan a desarrollar dentro de la institución, que quiera dar continuidad a la lucha contra la corrupción”, enfatizó.
