Unos Q6 mil millones se deberán readecuar del presupuesto para cumplir con fallo de la CC

Aunque la cifra exacta se desconoce, expertos en el tema consideran que se necesitarán readecuar entre  Q6 mil y Q7 mil millones del Presupuesto General para cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que exhorta a calcular la asignación presupuestaria constitucional a partir del total de los ingresos tibutarios.

A pesar de la pandemia que afecta a los países las organizaciones criminales están activas para cometer el delito de lavado de dinero, se expuso en el foro de Cladit que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
A pesar de la pandemia que afecta a los países las organizaciones criminales están activas para cometer el delito de lavado de dinero, se expuso en el foro de Cladit que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El exmagistrado y expresidente de la CC (2006-2016) Roberto Molina Barreto, afirmó que la resolución de la CC está en el fondo de la sentencia y que no va a variar aunque se interpongan aclaraciones y ampliaciones que permite la Ley de Amparo, “lo que sí puede hacer es dictar algún razonamiento si considera que hizo falta que oriente al Minfin a cumplir con esa orden, pero el fondo no va a cambiar”.

Lo resuelto “no es que lo diga la CC sino que es lo  dice el artículo 84 de la Constitución Política que señala que es un porcentaje del Presupuesto de Ingresos de la Nación recolectados a través de los impuestos, no dice que es de los ingresos menos compromisos adquiridos con fin específico. La CC lo que ha hecho es esclarecer lo que dice la Constitución. El problema es que la costumbre haya sido diferente, por eso habrá descontrol presupuestario”, explicó Molina Barreto.

El 27 de noviembre del 2019 la CC ordenó al Congreso de la República reajustar el presupuesto a la Usac (5%) sin aplicar deducciones al total de ingresos tributarios; Sin embargo, este fallo también abarcará el aporte constitucional a las municipalidades (10%), Organismo Judicial (2%) y al deporte federado y no federado (3%).

Una análisis del economista Mario García Lara, explica que el monto de recursos que el Estado debe proporcionar a estas entidades -para cumplir el fallo de la CC- rondaría los Q14 millones, lo que implica un aumento de más de Q6 mil millones sobre lo presupuestado originalmente. Esta suma se aproxima al estudio del sociólogo y experto en descentralización Rokael Cardona quien calcula que se emplearan poco más de Q5 mil 500 millones.

A manera de comparación, este monto se aproxima al presupuesto asignado en el 2019 al Ministerio de Salud, el cual ascendió a Q8 mil 263 millones.

EntidadPresupuesto asignado Decreto 25-2018 (en millones)Proyección de presupuesto que debería recibir
Universidad de San Carlos (Usac)
Q1,934.4
Q3,201.3
CDAG y Comité Olímpico GuatemaltecoQ468.7Q960.4
Deporte no federado, Ministerio de CulturaQ234.3Q480.2
Educación Física y Recreación del Ministerio de CulturaQ234.3Q480.2
Organismo JudicialQ1,249.8Q1,280.5
Municipalidades Q3,124.5Q6,402.7
TotalQ7,246Q12,805.3

Fuente: Rokael Cardona, elaboración propia.

Afectará servicios del Estado

El ministro de Finanzas Públicas Álvaro González Ricci, dijo que se encuentra a la espera de lo que resuelva el tribunal constitucional en cuanto a los recursos de ampliación y aclaración que presentaron para definir lo que harán. “Hay diferentes caminos pero -en estos momentos- no podemos pedir una ampliación con base a algo que no nos han aclarado”.

González Ricci afirmó que para cumplir con esta resolución se tendría un impacto en el presupuesto que afectaría la estructura del Estado y que quienes saldrían más afectados sería ministerios como el de Educación porque se debe pagar los salarios de miles de maestros.  “Es muy importante que la CC valúe el impacto del amparo y lo que el mismo significaría para las finanzas públicas así como para la funcionalidad de los servicios públicos”.

Beneficio para las municipalidades

El presidente de la Asociación de Municipalidades (Anam) Miguel Ovalle, informó que las municipalidades están a la expectativa de lo que resuelva el tribunal constitucional en al recurso de ampliación y aclaración que presentó el Minfin para determinar de dónde se van a obtener los recursos para hacer efectiva esa ordenanza”.

“Cuando la CC resuelva ese recurso, obviamente, su disposición tendrá que ser acatada por el Minfin y en ese orden de ideas las alcaldías salimos beneficiadas porque nos aumentaría como en un 60 por ciento los ingresos que actualmente recibimos dentro de lo que es el situado constitucional”, expresó Ovalle.

Ovalle, quien es alcalde de Salcajá, Quetzaltenango cito como ejemplo que su corporación recibe actualmente unos Q2 millones del 10 por ciento del situado constitucional.  “De cumplirse esa sentencia mi presupuesto aumentaría como Q1 millón 700 mil o sea que recibiría Q3 millones 700 mil, aproximadamente”.

“Nosotros encantados, porque nos beneficia, pero sabemos que de algún lugar tienen que salir esos recursos y que afectará a algunos ministerios y otras dependencias de gobierno. Lo mejor en estos momentos es esperar que la CC dé instrucciones al Minfin para el fiel cumplimiento de lo ordenado”, comentó el presidente de la Anam.

Solución a crisis de Usac

Por medio de un boletín de prensa la Usac expresó que la ejecución de esta emitida por la CC en la exhorta al Congreso de la República y al Minfin “a realizar las gestiones requeridas para calcular y asignar los recursos financieros para el período fiscal 2020”,  podría resolver de manera integral la crisis financiera que enfrenta la casa de estudios.

Asimismo, exhortó al Ejecutivo y al Legislativo para que en futuras formulaciones y aprobaciones del presupuesto tomen en cuenta que la asignación presupuestaria constitucional para la USAC debe ser calculada directamente del total de los ingresos tributarios.

La Usac solicita a la Corte de Constitucionalidad, resolver los recursos de aclaración y ampliación con respecto a la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2019, con el objetivo de que la misma sea cumplida por los organismos del Estado respectivos.

Al Minfin, realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que la asignación presupuestaria de la USAC se efectúe con base en la sentencia emitida por la CC, para que sea incluida en la readecuación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 que presentará al Congreso de la República de Guatemala.

Busca equilibrar beneficios

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une), Carlos Barreda, dijo que la resolución del tribunal constitucional es “histórica para todos los organismos del Estado que reciben un aporte constitucional”, porque le da cumplimiento a lo que los constituyentes definieron en 1985 que consiste en buscar que la educación superior llegue a todo el país.

De la misma manera, según Barreda, el aporte de que se da a las municipalidades partió de la intención de “equilibrar las diferencias entre lo urbano y rural, especialmente en lo que se refiere a las desigualdades que existen en cuanto a que las ciudades tienen un nivel de desarrollo humano más alto que el área rural”.

El jefe de bancada de la Une calculó que para cumplir con la resolución de la CC la proyección se deberá efectuar con base a la totalidad de ingresos tributarios estimados en el proyecto de presupuesto vigente, que es el del año pasado. Podría ser de Q6 mil a Q7 mil millones.

Barrera no duda en que esta resolución tendrá sus efectos, por lo que el Minfin tendrá que buscar fuentes de financiamiento. Cita, por ejemplo, que cuando se revisa la ejecución del primer año de cada gobierno nuevo siempre se registra una subejecución, pues siempre es de entre el 90 y 92 por ciento, lo cual significaría unos Q8 mil millones para los aportes constitucionales.

A criterio del jefe de bancada de la Une, también existe la opción de que la Superintendencia de Administración Tributaria actualice su meta y recaude Q1 mil o Q1 mil 500 millones más de lo que está presupuestado para el 2020. También hay una asignación de Q700 millones para las elecciones del 2019, pero este año no habrán, y también hay una pre-autorización de Q3 mil 30 millones de bonos del tesoro, y un préstamo de US$250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó Barreda.

“Si hay disciplina fiscal y un trabajo de readecuación presupuestaria, pensamos que se puede salir adelante y cumplir con las obligaciones de la CC, la cual a pesar de los recursos de ampliación y aclaración no puede cambiar el fondo de la resolución y estos tampoco suspenden la resolución de la Corte”, aseguró Barreda.

Artículos constitucionales que ordenan proporcionar recursos

Artículo 84.- Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico.

Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federado.

Artículo 213.- (Reformado) Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.

Artículo 257.- Asignación para las municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las Municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restante podrán utilizarlo para financiar gastos de funcionamiento.