Prensa Libre conoció ayer las cifras antes de la reunión que sostendrá hoy la sociedad civil de los países con los equipos técnicos y los encargados del Plan.
En total son US$22 mil millones para ejecutarlos en los tres países. De los US$7 mil 900 millones en Guatemala se han establecido US$5 mil 400 millones —unos Q41 mil 364 millones— como “aporte nacional” —el Estado— y US$2 mil 500 millones —unos Q19 mil 150 millones— del renglón “adicional” —cooperantes—, de acuerdo con los responsables de elaborar el Plan. Con montos un poco menores en Honduras y El Salvador, el Plan costaría en el Triángulo Norte US$22 mil millones. Esos cálculos preliminares son para cinco años —del 2016 al 2020—.
Largo camino
El presidente estadounidense Barack Obama solicitó al Congreso de su país US$1 mil millones para el Plan en los tres países, pero ese monto ha cambiado dos veces.
Primero fue en la Cámara baja donde se redujo a US$275 millones, con diferentes argumentos de la mayoría republicana.
Después volvió a subir a US$675 millones en el Senado, por la presión demócrata y del propio Obama.
Será a partir de septiembre cuando se discutan los dos proyectos y se sepa cuál sería el monto que finalmente autorizará el Congreso de EE. UU., explicó el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría.
El diplomático indicó que probablemente ese monto podría regresar a los US$1 mil millones solicitados al inicio. Lo que apruebe el Legislativo norteamericano se erogará en el ejercicio fiscal del 2016.
Explicó que el hecho de que EE. UU. haya colocado al Triángulo Norte como una de sus cinco prioridades en política exterior hace subir la probabilidad de obtener los fondos.
En esa ocasión se estableció que el BID tuviera la Secretaría Técnica del Plan, para asegurar su implementación y el monitoreo.
En el caso guatemalteco, el Plan se ha modificado dos veces al incluir sugerencias de la sociedad civil, y esta es la tercera versión.
Cada línea es analizada a modo de calcularle un presupuesto, y de este, cuánto podría proveer el Estado y cuánto sería de aportes internacionales —financieros y asistencia técnica—.
Otros proyectos no son cuantificables en presupuesto, porque se trata de impulsar legislación o alianzas público-privadas.
Así es como se estableció que el aporte nacional de cada país se brinde con los presupuestos regulares, mientras que lo “adicional” es la diferencia de lo que faltaría para completar el monto del proyecto, y eso lo pondría la comunidad internacional, a la cual ya se le hizo una presentación.
Asimismo, se espera la participación del sector privado a la hora de definir los “megaproyectos” que se contemplan para impulsar varios corredores logísticos.
A definir
Técnicos del Plan explicaron que, después de “aterrizar” las líneas de acción, viene la fase de definir proyectos concretos en cada punto de los cuatro grandes ejes.
Incluso, el equipo guatemalteco le pidió al Ministerio de Finanzas que incluya en el proyecto del presupuesto del 2016 un indicador específico para el Plan de la Alianza.
El objetivo es establecer qué proyectos ya tienen respaldo presupuestario para el próximo año y cuyos techos ya fueron aprobados.
Por ejemplo, en el pilar de seguridad hay una línea de acción que incluye la ampliación de cobertura de seguridad comunitaria y mejora de espacios públicos e iluminación, y lo que se comenzará a definir es qué espacios específicamente y si amerita también la apertura de nuevos centros comunitarios.
Así también, en educación, dónde se necesita la construcción de nuevas aulas; en salud, qué hospitales y centros de Salud. Sin embargo, no se sabe cuánto durará esta fase.
El Plan prioriza 51 municipios de 13 departamentos, localidades donde es muy alta la tasa de migración infantil.
Entre los proyectos figuran los que se ajustan al Plan de la Política Nacional de Desarrollo Rural, el Plan de Desarrollo K’atún e incluso la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (Carsi, en inglés).
