Las propuestas han salido de la Presidencia de la República y de la oposición en el Legislativo y ambas justifican que el presupuesto de esa entidad se ha convertido en un bolsón para satisfacer los caprichos presidenciales.

Reportes de prensa en los últimos años evidencian cómo la SAAS, entidad encargada de proteger al presidente y vicepresidente de la República, además de encargarse de sus asuntos administrativos como la alimentación, ha utilizado su presupuesto para compras cuestionables como mariscos y accesorios personales para el mandatario de turno.

Ante el descontento popular por esa situación, la solución que funcionarios de turno proponen es desaparecer esa entidad, con el fin de eliminar las compras onerosas e innecesarias.

El 15 de enero de 2020, en su primer día como presidente, Alejandro Giammattei envió al Congreso una iniciativa de ley para disolver la SAAS y delegar sus bienes y funciones a una entidad que no especifica el documento, aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que quien podría cumplir con esas tareas sería la Guardia Presidencial.

El siguiente paso para que la iniciativa sea aprobada sería que la Comisión de Gobernación le dé dictamen favorable, lo cual, a la fecha, no ha sucedido.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que “el presidente ya honró su promesa de campaña” con enviar la iniciativa de ley, y ahora le corresponde al Congreso aprobarla.

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Sin embargo, el mandatario no se ha pronunciado para exhortar a la bancada oficial a que acelere el trámite.

El 25 de marzo último, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una segunda iniciativa de ley para disolver la SAAS, en la cual se propone la supresión de la Guardia Presidencial y de la Guardia del Palacio Nacional. Los argumentos son los mismos que expone la propuesta anterior.

A diferencia de la que presentó Giammattei, esta moción propone crear un viceministerio de Seguridad de la Presidencia, en el Ministerio de Gobernación, e incluye una norma que prohíbe las compras de índole personal para el presidente o el vicepresidente.

La SAAS tiene un presupuesto de Q162 millones, del cual ha ejecutado Q27 millones 607 mil 721.23, equivalente al 17.04 por ciento. En su planilla tiene contratados a 518 agentes de seguridad presidencial, 11 meseros, 30 conductores de comitiva, 10 conserjes y ocho marimbistas, entre otro tipo de personal.

En un informe de auditoría del 2019, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ordenó al entonces jefe de la SAAS, Orlando Ramírez, que devolviera al erario Q168 mil 952.35, pues entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, cuando gobernaba el país Jimmy Morales, se hicieron gastos por ese monto en pañuelos, camisetas, calzoncillos, un televisor led de 75 pulgadas, cuatro sets de juegos para mesas de ping pong, un paseo privado en lancha, un estuche para teléfono, equipos de sonido, un par de zapatos marca Crocs y servicio de cable SKY, además de medicinas, donaciones para tratamientos de quimioterapia y de trasplante de médula ósea, entre otros objetos.

De la Guardia Presidencial no es posible conocer su nómina porque no la tiene actualizada en el portal de información pública. En el 2019, la CGC le impuso una sanción por Q16 mil 40, por faltas administrativas.

El principal argumento para suprimir la SAAS es el uso indebido que los mandatarios de turno han hecho de su presupuesto, pero nada garantiza que las dependencias que absorban sus funciones no incurrirán en contrataciones irregulares o gastos excesivos, dice Adrián Zapata, abogado especialista en Derecho Laboral y Administrativo.

Dependiendo de la entidad que absorba las funciones de la SAAS, fiscalizar las compras podría ser una tarea engorrosa. La Guardia Presidencial, a la que Giammattei propone delegar las responsabilidades de la Secretaría, fue calificada como “deficiente” en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip) por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, debido a que no publicó en su portal electrónico la información de oficio que establece el artículo 10 de la Laip.

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“Es muy común que se legisle en función de la coyuntura o de intereses políticos y partidarios. Satanizar las instituciones por lo que hacen sus titulares o por malas experiencias no está bien”, opina Zapata.

El entrevistado considera que se debe revisar qué secretarías en el Ejecutivo son necesarias y cuáles no. En cuanto la SAAS, señala que sí podría suprimirse y las tareas administrativas

trasladarse a la Gerencia de la Presidencia, la cual se encargaría también de crear una unidad de seguridad de élite y coordinar apoyo necesario con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa. De esa manera se reducirían los costos que actualmente implica la SAAS.

Lorena Escobar, analista de seguridad y justicia en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coincide con que el mal uso de los recursos públicos no es un argumento válido para disolver una entidad.

“Bajo esa justificación tendríamos que ver cuántas instituciones que no usan bien su presupuesto hay que disolver. Para garantizar la austeridad del gasto hay que señalar el papel de la Contraloría General de Cuentas, tanto preventivo como de auditoría”, explica Escobar.

Por su parte, Édgar Celada, especialista en temas de seguridad, indica que no es necesario aumentar la burocracia en el Estado, sino adoptar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.