Su declaración, durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía, ocurrió horas después de que Morales dijera que la Cancillería denegó y revocó 11 visas de cortesía a especialistas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), atendiendo la seguridad y las leyes nacionales.

El mandatario indicó que actualmente se hace una revisión a las visas que se otorgan, así como lo hace EE. UU., y que eso incluye quitar “todas esas palabritas que después se malinterpretan”, en referencia a “cortesía”.

Según Morales, se trata de un tema de seguridad. “Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”, indicó el mandatario, aunque no explicó a qué funcionarios en específico se refería.

El presidente también pidió que los expertos de Cicig “aclaren su pasado y entonces con mucho gusto les daremos la posibilidad de que entren a nuestro país”.

El mandatario reiteró que a “una de estas personas que estuvo en Guatemala, le fue retirada la visa por Estados Unidos, entonces nosotros sencillamente estamos protegiendo, no solo la soberanía, sino las leyes de nuestro país”.

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Morales aseguró que no entregar las visas de cortesía no interfiere en las investigaciones de la comisión, pues el encargado de hacer ese trabajo es el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial.

Indicó que “de acuerdo a nuestra Ley, el responsable de la investigación penal y de la acción en favor de las personas en el país, es el Ministerio Público” y afirmó que dentro de poco se podría hacer una convocatoria para anunciar el cronograma para el traslado de capacidades.

¿Y las razones?

Sobre los señalamientos del mandatario, el vocero de la Cicig, Matias Ponce, dijo: “No tenemos conocimiento de a qué se refiere el presidente de la República en sus declaraciones. Las notas recibidas de Cancillería no contienen motivación razonada de la decisión de revocar y denegar las visas de cortesía”.

ONU preocupada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la no renovación de los documentos a los funcionarios de Cicig y pidió al gobierno que recuerde que debe facilitar el trabajo de este organismo.

“El acuerdo que estableció la Comisión llama al Gobierno de Guatemala a proveer a la Comisión con toda la asistencia necesaria para el desempeño de sus funciones y actividades”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Según el portavoz, varios de los funcionarios afectados por esta decisión “tienen un papel importante en la lucha contra la impunidad” en Guatemala.

Dujarric dijo que el secretario general, António Guterres, “expresa su preocupación” por la decisión de Guatemala y explicó que la organización está “en contacto con las autoridades guatemaltecas para discutir la situación”.

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No necesitan análisis

El exviceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, aseguró el pasado martes a Prensa Libre que no renovar y revocar las visas es más un tema político que administrativo, pues “el trámite de renovación de ese tipo de visados, en otros tiempos, era una cuestión totalmente automática”.

La experiencia de Martínez señala que los documentos para los expertos de Cicig o de cualquier otro organismo, “se enviaban con una nota y la Cancillería simplemente le daba trámite, no entraba a conocer si procedía o no, porque son visas de cortesía”.

En esta ocasión, la Cicig informó que la Cancillería no renovó y revocó 11 visas de cortesía a investigadores de la Cicig. Uno de ellos es el investigador en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación.

También se denegó la visa de cortesía a César Rincón, abogado que representaba a la comisión en los casos IGSS-Pisa y Botín Registro de la Propiedad, en el cual están involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente.

Facilidades migratorias

El artículo 10 del acuerdo de Cicig establece falicilidades migratorias para los expertos de Cicig, asegura el excanciller Edgar Gutiérrez.

El exfuncionario afirma que estos documentos son una formalidad que Cancillería debe entregar, por lo que “claramente” se ve que hay una mala intensión del Gobierno para obstruir el trabajo de la comisión.

Gutiérrez asegura que; sin embargo, esta decisión no afecta el acuerdo de creación de Cicig, por lo que esta entidad debería trabajar hasta el final de su mandato, el 3 de septiembre del 2019.

Si se trata de una obstrucción, señala el exfuncionario, esto contradice la postura de permitir que la Cicig finalice el mandato y esto se tomaría como un acto hostil en contra de la ONU y de la comunidad internacional que; sin embargo, conoce que el mandatario actúa de esa forma debido a la investigación en contra de sus familiares y de él mismo.

Con información de EFE

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