Viceministros de las carteras de Gobernación, Trabajo y Relaciones Exteriores llegaron al Congreso a una citación donde se discutió los alcances del acuerdo migratorio firmado por Guatemala la semana pasada, pero no pudieron resolver las dudas de cómo funcionará y su aplicación práctica una vez entre en vigencia.
El ministro de Seguridad Nacional de Belice, John Saldivar, advirtió este sábado que le negará a las Fuerzas Armadas de Guatemala (GAF) que tome control del río Sarstún, cuya cuenca comparten y se disputan ambos países.
Durante una citación de la Comisión del Migrante en el Congreso donde participaron funcionarios de los Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, se reveló que Guatemala está en pláticas para firmar un convenio migratorio con Estados Unidos.
Esfuerzos para atender una probable ola de deportaciones masivas, como lo advirtió el presidente de EE. UU. Donald Trump, son limitados.
La Cancillería anunció el ingreso del país al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instancia donde Guatemala podrá intercambiar información sobre temas de desarrollo.
Suecia decidió llamar a consulta a Anders Kompass, embajador en Guatemala y contra quien el Gobierno pidió su retiro, debido a la situación política en el país, pero para el Ministerio de Relaciones Exteriores se trata de un asunto normal.
Un día después de que se hiciera pública la comunicación de la Cancillería al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en relación a un convenio con la Cicig y el término del acuerdo con el Estado de Guatemala, el máximo ente electoral descarta que con esto se esté solicitando el cese de las relaciones de cooperación con la comisión de la ONU, por lo que mantendrán los acuerdos.
El retiro de los privilegios a funcionarios argentinos de la Cicig es uno más de los actos de desobediencia de parte del Ejecutivo a la Corte de Constitucionalidad (CC), aseguran abogados que también ven en esas acciones que podrían constituir un delito penal.
Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó que no se finalice el convenio de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el gobierno de Guatemala insiste en desconocer a la Comisión y este miércoles retiró privilegios e inmunidades a parte de su personal.
El anuncio que la canciller Sandra Jovel hizo la tarde de este lunes en la sede de la Organización de Naciones Unidas de dar por concluido el mandato de la Cicig aglutinó criterios a favor y en contra, entre ellos está quienes piden que se revierta la decisión del Ejecutivo, mientras otros piden que se respete la decisión y soberanía del gobierno de Guatemala.
