“Preocupa profundamente que el accionar del Gobierno de Guatemala busque remover a un actor clave del combate contra la corrupción y con ello debilitar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y minar los avances que han alcanzado en la lucha contra la corrupción”, dijo Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de Wola.
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En el mismo documento manifiestan que “el Gobierno de Guatemala tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad guatemalteca, la cual ha demandado mayor transparencia y la firme continuidad de los esfuerzos contra la corrupción e impunidad”.
Por último, Wola hace un llamado a no transgredir las normas y los principios de tratados internacionales, tomando en cuenta que ese tipo de acciones puede “vulnerar las relaciones internacionales”.
Petición de Guatemala
Bajo el argumento de una supuesta injerencia en asuntos internos de Guatemala, el gobierno solicitó el jueves de la semana pasada, a Suecia y Venezuela sustituir a sus embajadores en el país (Anders Kompass y Elena Alicia Salcedo Poleo).
La canciller Sandra Jovel, justifió la solicitud bajo el argumento de que se debe a “una decisión de política exterior”,y aclaró que no se trataba de una declaratoria de “no grato”.
La cancillería emitió un comunicado en el que explicó que “en el desempeño de sus funciones —Kompass y Salcedo— han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala y no acorde a la política exterior del país”.
Específicamente sobre Kompass, Jovel dijo que una de las razones fue a que supuestamente el embajador catalogó como “corrupta” a la sociedad guatemalteca.
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