“Yo actúo conforme a la ley”, dijo el ministro de Gobernación a diputados de oposición que critican el uso de la fuerza policial durante protestas  

Gendri Reyes, ministro de Gobernación, fue citado al Congreso para que explicara el actuar de las fuerzas de seguridad durante las protestas del fin de semana.

Según varios sectores, los agentes de la PNC se excedieron con el uso de la fuerza durante las protestas del fin de semana recién pasado. (Foto Prensa Libre: EFE)
Según varios sectores, los agentes de la PNC se excedieron con el uso de la fuerza durante las protestas del fin de semana recién pasado. (Foto Prensa Libre: EFE)

Diputados de oposición citaron este martes 24 de noviembre al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, para que explicará los mecanismos que utilizaron las fuerzas de seguridad durante las protestas en contra del Gobierno del fin de semana recién pasado, pues de acuerdo con los parlamentarios, hubo abuso de parte de la Policía.

“Yo actúo conforme a la ley”, fue la respuesta de Reyes al cuestionamiento del diputado Aldo Dávila, quien lo señaló de ser el responsable del actuar de las fuerzas de seguridad.

“La ley entonces sería pencacear a la gente, agredirla, tirar bombas lacrimógenas, lastimar niños, ancianos, mujeres. ¿Así es como a usted le están ordenando que actúe a la sociedad civil señor ministro?”, cuestionó Dávila.

Durante la citación, los parlamentarios le reiteraron a Reyes que sus respuestas no eran claras, por lo que le enfatizaron que “todos los funcionarios públicos están obligados a acudir a citaciones al Congreso” y responder las preguntas que se les haga.

Una de la pregunta a las que Reyes no respondió como lo esperaban los diputados fue a la qué si él le había informado al presidente Alejandro Giammattei sobre el desarrollo de las protestas.

“Informe -textualmente- en este momento cuál fue el parte que usted le pasó al presidente”, cuestionaron diputados de la bancada UNE, a lo que el funcionario respondió “se le informó de la manifestación señor diputado”, lo que generó inconformidad de los parlamentarios.

“Este fin de semana hemos tenido 20 años de retroceso en términos de doctrina policial”, señaló Bernardo Arévalo de León, diputado de Semilla, al referirse al actuar de la PNC durante las protestas.

Por aparte, la diputada Andrea Villagrán dijo que era una burla que las autoridades definan las protestas como actos de terrorismo y señaló que exigen la renuncia de Reyes. “Nosotros, los diputados de oposición, pedimos su renuncia señor ministro”, señaló.

Reyes dijo que no estuvo presente en los operativos porque “se preestableció un plan de acción” y añadió que “si alguien no cumplió con lo acordado será objeto de investigación”.

La citación de Reyes se dio en el marco de los acontecimientos registrados el fin de semana recién pasado, cuando un grupo de manifestantes incendió una parte del Congreso y se enfrentaron a agentes de la PNC. De forma simultánea, decenas de guatemaltecos manifestaban pacíficamente su rechazo a la aprobación del Presupuesto 2021 por más de Q99 mil 700 millones, el cual, según varios sectores, no se apega a la realidad del país.

La aprobación del presupuesto el pasado miércoles, a las 05.30 de la madrugada, provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones del sábado, convocadas durante la semana para expresar el rechazo al Congreso y la Administración de Giammattei.

Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como “opaco” por legisladores de oposición que indicaron que nunca tuvieron acceso al documento.

El Congreso suspendió este lunes 23 de noviembre la aprobación del presupuesto, señalado de no priorizar la lucha contra la pobreza, luego de que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente Giammattei.

Además, según expertos, el presupuesto presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.

Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura, para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta al 59.3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de cuatro mil muertos y casi 120 mil contagios en el país.

Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos US$10 mil 390 millones.