Las autoridades han sido cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en unas balaceras contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.
El hecho se dio a conocer por el activismo de los padres de los jóvenes desaparecidos y la exigencia por saber su paradero, conmoviendo al país entero. Los estudiantes son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de la ciudad de Iguala, Guerrero, México.
Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela un mes antes de la desaparición porque quería dedicarse a la enseñanza, dijo un pariente de este joven deaparecido. La escuela de Ayotzinapa es conocida por su activismo social.
Los hechos
Un numeroso grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa llegó a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos. Cuando se retiraban del lugar, en buses que habían abordado, fueron baleados por policías municipales y sicarios y luego entregados al cartel de la droga Guerreros Unidos, según testigos y las primeras investigaciones de la Fiscalía.
Medios mexicanos citaron un reporte de los servicios de inteligencia, y señalaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podría estar implicado, así como su esposa, María de los Ángeles Pineda. De acuerdo con el diario El Universal, la esposa del jefe edil “ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal” que reprimiera a los estudiantes, por temor a que interrumpieran un discurso de ella.
El día del ataque contra los estudiantes estaba programado un discurso de Pineda sobre obras sociales en Iguala, pero se dice que ordenó a la Policía local que reprimieran a los jóvenes por temor a que interrumpieran su actividad, según denuncias de testigos. PIneda es hermana de tres narcotraficantes. Días después de la desaparición, Abarca y Pineda desaparecieron misteriosamente por lo que las autoridades lo revocaron de su cargo y se comenzó su persecución penal por sospechas.
La noche siguiente a los sucesos, las autoridades guerrerenses detuvieron a 22 policías supuestamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal. El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, aseguró que había videos que demostraban que tras el primer ataque de la Policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de jóvenes, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.
Una semana después las autoridades hallaron 28 cadáveres en seis fosas clandestinas donde se encontraban incinerados y fragmentados, pero según las investigaciones forenses ninguno pertenecía a los normalistas.
Capturados
El 27 de octubre de 2014 las autoridades mexicanas anunciaron la captura de cuatro presuntos miembros del cartel Guerreros Unidos, dos de ellos acusados directamente de participar directamente en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.
Días después, policías federales detuvieron al excalde Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda en una humilde casa de cemento sin pintar de dos pisos de Iztapalapa, un populoso barrio al este de la Ciudad de México, el 5 de noviembre. Ambos eran los fugitivos más buscados en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de dicho año.
Abarca y Pineda eran conocidos en Iguala como la “pareja imperial”, por su poder y ostentación, pero estaban escondidos en una humilde vivienda en Iztapalapa, México. Esa pareja, que gobernaba con mano de hierro, era conocida por vestir con ropa cara y ataviarse de oro. En su corta carrera política, Abarca afincó un imperio joyero en Iguala, donde era un secreto a voces su tenebrosa relación con el crimen organizado. Está acusado del homicidio de un lider campesino en el 2013.
Por su parte, la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, es una mujer de carácter duro y se le atribuía el manejo efectivo de la alcaldía. Dos de sus hermanos sirvieron a las órdenes del histórico capo Arturo Beltrán Leyva. Pero tuvieron una carrera corta, al ser asesinados en 2009. Un tercer hermano aún vivo y actualmente preso, penó por narcotráfico y se presume que es uno de los jefes de Guerreros Unidos. El ascenso político de Pineda era tal que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía de Iguala en 2015. Nadie parecía capaz de frenarla, “ella mandaba en esa comuna”.
Fueron quemados
El 7 de noviembre de 2014, tres miembros de Guerreros Unidos que fueron capturados confesaron haber asesinado, quemado y arrojado a un río a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un basurero del municipio de Cocula, según informó el procurador Jesús Murillo Karam, pero no quiso confirmar que los restos hallados sean de los jóvenes.
Murillo compareció ante la Prensa con un despliegue de fotografías, mapas y testimonios grabados, en video, en donde los tres detenidos integrantes del cartel de las drogas, ofrecieron detalles espantosos sobre cómo murieron los estudiantes y cómo después intentaron destruir sus restos y las pruebas del crimen. Entre las pruebas mostraron cientos de fragmentos de huesos y de dientes calcinados que fueron recuperados del río, en lo que sería un horrorífico asesinato masivo que habría durado unas 14 horas.
Los padres de los 43 estudiantes insistieron en que estos continúan con vida y rechazaron los testimonios de los detenidos. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”, resaltó Felipe de la Cruz, vocero de los padres, en conferencia de prensa al conocer los resultados de esta investigación.
Lucha por la verdad
Mientras continuaban las investigaciones, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas comenzó a tener repercusión mundial y múltiples colectivos sociales se sumaron a la lucha de los padres de los jóvenes para exigir justicia y el conocimiento de su paradero.
Las redes sociales contribuyeron a canalizar la indignación mundial, por medio de los hashtags #Faltan43 #FueElEstado, #YaMeCansé y #AyotzinapaSomosTodos, desde todas partes del mundo los internautas colgaban fotos con carteles alusivos y mensajes de apoyo a los padres.
Manifestaciones multitudinarias comenzaron a realizarse en la capital mexicana y en todos los estados para pedir el esclarecimiento de los hechos de Iguala. El manejo del caso por el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tanto en las investigaciones, sus pronunciamientos y viajes en días claves le valieron el rechazo de miles de personas quienes no creen en la hipótesis oficial de que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.
Un informe reciente presentado en septiembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmiente la versión oficial de los hechos al afirmar de que para quemar los 43 cuerpos sus agresores habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos que tenían que haber durado unas 60 horas, cosa que no es posible con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula. La investigación concluye de que no hay pruebas suficientes para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos.
Analistas afirman que “las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas” al conocerse el resultado del informe que sugiere que la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes es del gobierno federal. A un año del hecho los familiares aún guardan la esperanza de poder conocer la suerte de sus hijos.
A dos años de la desaparición de los normalistas trascendió una nueva implicación en el caso de la desaparición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México responsabilizó a dos agentes de la Policía Federal de México, por lo que se podría abrir una nueva linea de investigación que las autoridades deben de investigar, ya que la investigación oficial es seriamente cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos.
