La Ciciacs investigaría a los cuerpos represivos que operan en el país, en especial a los responsables de ataques y amenazas sufridos por defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas y otros sectores sociales. Se tenía contemplado que dicha instancia estuviera integrada por un representante de la ONU, uno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un representante del Estado, elegido por el Presidente de la República.

El 7 de enero de 2004 se firmó el acuerdo de creación de Ciciacs en Nueva York, por lo que para que pudiera establecerse y operar en Guatemala necesitaba la aprobación del Organismo Legislativo. Desde un principio la iniciativa de la creación de Ciciacs causó escepticismo y oposición por la supuesta intervención extranjera en asuntos nacionales. Parecían más bien diferencias ideológicas ya que  la comisión legislativa de Derechos Humanos rechazó la aprobación por representantes de los partidos FRG, GANA y UNE.

En agosto del mismo año la Corte de Constitucionalidad opinó que la labor de la Ciciacs no era compatible con la Constitución, ya que “las disposiciones del acuerdo pretendían otorgar facultades que corresponden en exclusividad al Organismo Judicial y al Ministerio Público (MP) según la ley superior”.  Esto en referencia a las facultades de investigación, persecución penal y de abrir y proseguir procesos penales en forma autónoma.

Nace Cicig

Dos años después se refina la iniciativa de creación de Ciciacs convirtiéndose en Cicig, que investigaría la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos en Guatemala, para promover la sanción penal.  Al principio se pensó en el nombre de Ciciacs, en función de proteger a los defensores de los derechos humanos, operadores de justicia y periodistas; ahora se buscaba garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los sectores.

También dentro de la misión de la Cicig estaría la investigación de las estructuras ilegales. Estos grupos clandestinos son estructuras ilícitas que utilizan la violencia para proteger sus intereses políticos y actividades económicas. Éstos han logrado establecer vínculos directos o indirectos con trabajadores del Gobierno, miembros de diferentes sectores y redes criminales.

Los investigadores de Cicig tenían como requisito indispensable el ser de otros países para garantizar que no hubiera nexos económicos, políticos o familiares. Además, su financiamiento sería por contribuciones voluntarias de la comunidad internacional.

A pesar de que se reorientó la misión de Cicig, las voces en contra seguían oponiéndose a su establecimiento; por ello, el gobierno consultó a la CC si era inconstitucional el acuerdo de creación de Cicig, la cual finalmente  razonó que no había inconstitucionalidad, ya que no afectaría la autonomía del MP. La Cicig se enmarcaría dentro de la figura de querellante adhesivo y podía presentar denuncias en el MP, por lo que el camino para la aprobación del Legislativo quedaba abierto.

Seis meses de calvario

Tras más de seis meses de discusión, oposiciones y pleitos el Congreso aprueba la creación de la Cicig el 1 de agosto de 2007. Para su aprobación se necesitaba el voto de 105 diputados . La jornada fue caótica por razones variopintas, como la de la oposición de la bancada del FRG, donde una de sus representantes, la hoy candidata presidencial, Zury Ríos Sosa, argumentó que la Cicig violaría la soberanía del país; y una amenaza de bomba que reportó tres horas después el presidente del Congreso, Rubén Darío Morales.  Luego de tres intentos, 110 diputados aprobaron por uninimidad la creación de la Cicig.

Funciones

• Determinar la existencia de cuerpos ilegales, su estructura, financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado.
• Colaborar con el Estado (MP y PNC) en la desarticulación, investigación, persecución y sanción, en delitos cometidos por sus integrantes.
• Podrá recabar información de cualquier tipo, promover la persecución penal y constituirse en querellante adhesivo.
• Denunciar a las autoridades que obstaculicen a la Cicig.
• El secretario General de las Naciones Unidas nombrará a un comisionado y se contratará a personal internacional y nacional.
• La Cicig será independiente.
• Todos los gastos de la Comisión serán sufragados con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional.
• Países de la Unión Europea y EE. UU. han prometido apoyo financiero e investigadores.
• La Cicig dejará de operar si Guatemala deja de cooperar plenamente de manera que obstaculice sus actividades y si el Congreso no aprueba leyes para erradicar los cuerpos ilegales.
• Su vigencia sería de dos años prorrogables.

Con la aprobación de la Cicig se crearon también la Dirección de Inteligencia Civil (Digici), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Ley contra el Crimen Organizado. Era el primer paso para fortalecer el sistema de justicia del país y se necesitaba la aprobación de nuevas leyes como la de la carrera judicial, la de acceso a la información, la de armas y municiones, servicios de seguridad privada y reformas a la Ley de Amparo.  El 16 de agosto de 2007 se publica en el Diario de Centro América el decreto 35-2007 que autoriza la instalación de la Cicig por lo que jurídicamente inicia su vigencia en el país.

Los Comisionados

El siguiente paso para el establecimiento de la Cicig era elegir a quien la presidiría. El 14 de septiembre de 2007 se conoció el nombramiento por parte del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, del jurista español Carlos Castresana Fernández como Comisionado de la Cicig. Castresana contaba con amplia experiencia como fiscal y juez, en áreas pertinentes al mandato de la Cicig.

La coyuntura del país en el momento del establecimiento de la Cicig era clave, ya que se encontraba en un año electoral. Los primeros acercamientos de Castresana en el país fueron con los candidatos presidenciales Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, quienes disputarían la segunda vuelta ese mismo año. Ambos mostraron su apoyo a la labor de la Cicig.

Al cumplirse el primer año de funcionamiento de la Cicig, se presentó el informe de labores en el cual se destacaba las investigaciones en 15 casos individuales de alto impacto, como el enfrentamiento entre narcotraficantes ocurrido en Zacapa, la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano, el caso de la Banda del Mariachi Loco,  entre las 64 denuncias recibidas en el primer año de actividades.  Además,  la participación en la depuración de la PNC y del MP. El informe mencionaba que el Organismo Judicial tenía un nivel de impunidad de 93.1 por ciento y el MP un 98%. 

El Comisionado Castresana manifestó en abril de 2009 que esperaba entregar en el 2011 las instituciones de justicia capaces de efectuar sus tareas por sí solos. Esto lo manifestó al conocerse que la ONU ampliaría dos años más el mandato de la Cicig, lo cual era razonable para poder darle el debido seguimiento a los procesos iniciados. El Congreso debía aprobar la prórroga del mandato. La sesión del Legislativo fue un bochorno frente a la comunidad internacional.

A dos años de labores, la Cicig destacaba entre sus logros la modificación a la Ley de Armas y Municiones, la incorporación de la figura del colaborador eficaz, mejoramiento del programa de protección a testigos y la incorporación de las escuchas telefónicas como medio de prueba. El avance en procesos de alto impacto como como la matanza de 15 nicaragüenses y un holandés; el asesinato de Juan León y otros presuntos narcotraficantes; el proceso contra ByronVargas, y las muertes violentas de Rodrigo Rosenberg, y Khalil y Marjorie Musa.

El caso Rosenberg hizo tambalear al gobierno de Colom, ya que el abogado fallecido acusó en un video al presidente Colom y a otros funcionarios como responsables de su muerte. Esto en un principio causó repudio en contra del gobierno y degeneró en manifestaciones abanderadas por grupos de la oposición.  Sin embargo, las pesquisas realizadas por la Cicig determinaron que el móvil del crimen contra Rosenberg era todo lo contrario de lo que en un principio se pensó, ya que el jurista planificó su propia muerte.

Destacó además el proceso contra el ex presidente Alfonso Portillo, por peculado de Q120 millones en el Ministerio de Defensa, y la vinculación de por lo menos 10 militares, uno de los cuales está detenido. El proceso contra Portillo no prosperó.

Renuncia Castresana

En medio de una crisis institucional en el gobierno de  Colom, Castresana presentó su renuncia el 7 de junio de 2010, con el argumento de que había descubierto campañas de desprestigio en su contra y por el nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general del MP. Castresana acusó a Reyes de tener un historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas. Además, aseguró que grupos paralelos en el OJ, el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario se encontraban infiltrados en las investigaciones de la Cicig. La falta de apoyo del Congreso en la aprobación de 11 iniciativas de ley fue otra de sus razones para dimitir.

Llega Dall’Anese

El 1 de agosto de 2010 llega al país el ex fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, para hacerse cargo de la Cicig y retomar las investigaciones que se llevaban a cabo. En septiembre del 2012 Dall’Anese presentó el quinto  informe de trabajo de la Cicig en el que se destacaban los procesos en los casos de los crímenes contra los candidatos a la Alcaldía de San José Pinula y las investigaciones en el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, que determinaron nexos con el narcotráfico de uno de sus amigos, el nicaragüense Henry Fariñas. Hasta la fecha, no se ha iniciado juicio por ese caso. Además del caso “Primavera” en el que se vieron involucradas ocho personas por trata y adopciones ilegales.

La gestión de  Dall’Anese en sus últimos meses se volvió tensa al denunciar corrupción en el Organismo Judicial y enriquecimiento ilícito de jueces. La confrontación con el comisionado llegó al Ejecutivo, que supuestamente había presentado una queja a la ONU por las declaraciones de Dall’Anese en el juicio por genocidio contra del ex jefe de facto Efraín Ríos Montt y otros militares, lo cual desencadenó en la renuncia del comisionado ante la ONU en mayo de 2013. Meses antes se había concedido otra nueva prórroga del mandato de la Cicig hasta 2015, la tercera ampliación desde 2007.

Nuevos aires

Tras la salida del costarricense Dall’Anese llega a la Cicig el ex magistrado colombiano Iván Velásquez Gómez, nombrado por la ONU en septiembre de 2013. Velásquez Gómez cuenta entre su trayectoria haber investigado a unos 60 congresistas de su país vinculados con paramilitares en 12 años de carrera en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la investigación contra el narcotraficante Pablo Escobar.

Durante el primer año de la gestión de Velásquez al frente de la Cicig se destacó el acompañamiento a los procesos de las comisiones de postulación, que no estuvieron exentas de polémica por sus presuntos vínculos con personajes señalados de ilícitos y estructuras de corrupción dentro del Organismo Judicial, y se señaló el retardo malicioso en el avance de los procesos penales  y  el abuso en la figura del amparo. 

A un año de la finalización del mandato de la Cicig surgía la duda de si se volvería a extenderse el mandato. En el séptimo informe anual de labores y primero de Velásquez, se señalaba la identificación de prácticas de corrupción por medio de malversación de fondos públicos y contrataciones administrativas irregulares, entre otras formas de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Además, anticipaba sin mayor detalle cinco investigaciones que estaban en marcha relacionadas con el contrabando, la corrupción, financiamiento de partidos políticos, justicia y narcotráfico, mismas que impactarían meses después a la política nacional.

No a prórroga

El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti mantenían un pulso con la Cicig desde septiembre de 2014 en el que tenía dudas sobre la solicitud de ampliar el mandato ante la ONU y de la efectividad de las investigaciones que se estaban realizando, ante la finalización del mandato en septiembre de 2015 e indicaban que desconocían si “daría tiempo” para finalizar las pesquisas sobre la investigación del financiamiento de partidos en un año electoral.

Pérez Molina tajantemente se oponía a la prórroga, pero en ocasiones se contradecía al afirmar que la Cicig bien podría investigar casos puntuales de “alcaldes mafiosos” sin dar nombres. Durante este periodo la Prensa había dado a conocer el enriquecimiento ilícito de Baldetti, quien también se oponía a la prórroga del mandato . 

Miembros de la sociedad civil y otras organizaciones apoyaban la extensión del mandato de la Cicig y presionaban a Pérez Molina para solicitarla, ya que éste mantenía su postura negativa. Ante el clamor, el presidente solicita una evaluación de la Cicig a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia integrada por el MP, el OJ, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, pero dejó excluidas a las organizaciones de la sociedad civil, lo que causó escepticismo en el resultado de la evaluación.

Golpes contundentes

Mientras la comisión evaluadora de la Cicig preparaba el informe final para Pérez Molina, trascendió la desarticulación de una mafia en la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT), el 16 de abril de 2015. Esta estructura fue denominada “La línea” y estaba formada por el Superintendente, el ex secretario de Baldetti y al menos 60 colaboradores que defraudaron al fisco.

Este fue un duro golpe a las estructuras paralelas que operaban en el Estado y una razón de peso para que se aprobara la solicitud de ampliación del mandato de la Cicig. Días después, el 23 de abril de 2015, Pérez Molina anunció de manera oficial la extensión de la Cicig hasta 2017. Diferentes sectores vieron con beneplácito y satisfacción la decisión del Ejecutivo para avanzar en la lucha por el fortalecimiento del sector justicia. Pero otros golpes de la Cicig y el MP estaban en marcha.

El 20 de mayo de 2015 es capturada la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) acusada de fraude, por la adjudicación anómala de contratos a la droguería mexicana Pisa, S.A.  para aplicar tratamiento de diálisis a enfermos renales del IGSS. Prensa Libre denunció anomalías en el tratamiento manifestadas por los afectados y que pudieron causar la muerte de al menos 20 personas.

Otros casos emblemáticos de la Cicig han sido la desarticulación de una red en la PNC que defraudó al menos Q52 millones; la existencia de plazas fantasmas en el Congreso atribuida al ex presidente del Legislativo, Pedro Muadi, señalado de sustracción y asociación ilícita; la promoción de antejuicios en contra de diputados del partido Líder incluyendo a su vicepresidenciable, Edgar Barquín, y de otros partidos por su participación en una estructura dedicada al lavado de dinero encabezada por Francisco Édgar Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”.

Las investigaciones de la Cicig han desencadenado una ola de protestas y el surgimiento de movimientos ciudadanos desde el 25 de abril de 2105 denunciando el fracaso de la gestión del Partido Patriota y que desembocó en la renuncia de Baldetti el 8 de mayo y la de Otto Pérez Molina el 2 de septiembre de 2015. El binomio presidencial y numerosos funcionarios de su gobierno enfrentan actualmente procesos judiciales. Sobresalen los casos denominados “La Cooperacha”, “Cooptación del Estado”. 

Aprobación

La Encuesta de Prensa Libre, publicada en agosto de 2015, reveló el 87 por ciento de aprobación de los ciudadanos al trabajo de la Cicig, ya que se ha atrevido a denunciar lo que la población ya sabía desde hace mucho tiempo. Da un espaldarazo para que las investigaciones continúen y fortalecen al sector justicia en contra de la impunidad y la corrupción, al menos hasta septiembre de 2019, tiempo en el que se prevé se extienda el mandato.

Extensión del mandato

El 18 de abril de 2016 el presidente de la República, Jimmy Morales solicitó a la Organización de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la Cicig hasta septiembre de 2019 el cual fue recibida con entusiasmo por el secretario general Ban Ki Moon y verbalmente accedió a la petición.

Como parte del combate a la corrupción, la Cicig abrió una sede de la Comisión en la ciudad de Quetzaltenango en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 27 de octubre de 2016. Su objetivo es el de investigar cuerpo ilegales y clandestinos de seguridad, que son estructuras de alto poder y que afectan a la población. Algunos casos ya estan siendo investigados y los resultados se darán a conocer oportunamente.