Al gobierno de O?scar Berger le habría costado caro que sus antecesores no hayan investigado y castigado a los responsables de la masacre del Plan de Sa?nchez, Rabinal, Baja Verapaz; la desaparicio?n del menor Marco Antonio Molina Theissen, los cri?menes del periodista Jorge Carpio Nicolle y sus tres acompan?antes, y de la antropo?loga Myrna Mack.
Los familiares de estas vi?ctimas se vieron obligados a acudir a la instancia internacional, por la indiferencia de las autoridades de guatemaltecas para in- vestigar los hechos.
“Si no hubie?ramos acudido a la CIDH, la muerte de mi hermana au?n estari?a en la lista de los cri?menes que permanecen en la impunidad”, expreso? la activista Helen Mack.
La mitad de aquella suma ya se ha pagado a los familiares, refirio? Frank La Rue, director de la Comisio?n Presidencial para los Derechos Humanos.
A esa cifra se suma el monto de otras sentencias menores y US$1 millo?n 400 (unos Q10 millones) que el Gobierno ha pagado en conciliaciones amistosas, para evitar que el Estado sea condenado en otros casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra interna.
La Rue aseguro? que con estas conciliaciones han salido beneficiados, principalmente, habitantes de Solola?, Quiche? y Chimaltenango.
