El racismo está tan inserto en la propia sociedad guatemalteca que tanto ofensores como ofendidos lo consideran normal. 

La población no es consciente muchas veces de que es racista. Sobre la palabra “racismo”, el diccionario la define como “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros”. Manifestándose a través del lenguaje oral o gestual. Es un calvario diario que pocos se han atrevido a denunciarlo.

Según Rodolfo Stavenhagen, quien fuera Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, para analizar el racismo, es indispensable abordar la historia. Durante cinco siglos, los indígenas han estado condenados a la discriminación y al trabajo forzado, se les ha privado del acceso a la tierra.

“Son 300 años de vasallaje en los cuales los indígenas fueron dominados por un imperio que los conquistó y organizó para uss propios fines. Luego, 200 años de vida republicana e independiente, con un Estado que en la época liberal, sobre todo, consideraba a los indígenas como mano de obra barata y explotable para la acumulación de riquezas de una pequeña oligarquía, y esto no ha cambiado”, señala Stavenhagen. 

Caso emblemático

El 6 de junio de 2002 la doctora en Antropología, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, de origen maya k'iché, participó en un foro sobre la crisis del café en Guatemala. La actividad se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal de Guatemala, al concluir ésta, se encaminó junto a otros participantes al restaurante Tarro Dorado en la zona 13.

“Al llegar dejaron pasar a las ladinas, y cuando yo iba a ingresar un empleado me dijo: usted no puede entrar porque trae traje típico”, relató Velásquez Nimauj. Ella respondió que llevaba su traje de gala y ante el impacto de lo que escuchó se puso su perraje en el pecho: “pasé la humillación más grande de mi vida”. Por más que he leído sobre racismo, no creía que eso me sucediera. 

Al conocerse el caso de discriminación, la opinión pública y en especial los activistas en derechos humanos, condenaron el hecho. Sin embargo en ese entonces, el código penal no contemplaba ninguna sanción sobre la discriminación y menos en contra de los pueblos mayas. Se pudo conseguir una sanción moral en contra de los propietarios del establecimiento quienes emitieron una carta abierta donde indicaban que rechazaban el acto de discriminación en contra de Velásquez Nimatuj y calificaban el hecho como un acto unilateral por parte de los empleados y que no se trataba de una política institucional.

La afectada en un derecho de repuesta rechazó el campo pagado aduciendo de que no era suficiente resarcimiento para el daño causado a ella y a la sociedad y le demandaba realizar una campaña permanente de respeto a la diversidad y en contra del racismo así como apoyar una fundación que luche contra este mal generalizado.

Legislación

A raíz de la discriminación que sufrió la doctora Velásquez Nimatuj, se reformó el Código Penal en el año 2002, titpificando siete tipos de discriminación como delito, entendiéndose como la exclusión por género, raza, edad, religión y situación económica teniendo agravantes cuando la discriminación sea étnica, la idiomática y la cultural. Se estableció para este delito prisión de uno a tres años y multa de Q500 a 3 mil. 

Grupos indígenas criticaron la reforma del código ya que no se reconoció la identidad de los pueblos indígenas, además de que no se les tomó en cuenta para redactar la ley y que no tipificaba el racismo en contra de los pueblos indígenas. 

Otro avance se puede mencionar la creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) a través del Acuerdo Gubernativo número 390-2002 de fecha 8 de octubre de 2002. Esta institución es la responsable de la prevención y la erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala.

Se sienta precedente

A pesar de que la introducción del delito de discriminación en la legislación no fue aceptada del todo por los conglomerados indígenas, se vió como un avance en la lucha contra el racismo para que alzaran su voz y denunciaran con confianza aquellas acciones que iban en contra de su integridad. Nadie esperaba que el odio llegara a cotas altas como se vió un año después.

Otro hecho deplorable de racismo lo constituyó el ataque que sufrió la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum quien fue insultada, empujada y amenazada por una horda de 200 simpatizantes del ex jefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt, al finalizar una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, CC el 9 de octubre de 2003. 

Menchú llegó al mediodía a la sala de vistas de la CC, en donde el pleno conocía una acción de inconstitucionalidad presentada por 34 abogados contra la resolución que ordenó a los tribunales no dar trámite a ningún recurso legal en contra de la inscripción a la candidatura presidencial de Ríos Montt. 

Los airados eferregistas, le gritaban a Menchú: “Andá a vender tomates a La Terminal” además de otros insultos y la empujaban al concluir la diligencia. El ataque según se dijo, fue un acto planificado ya que se observó a personas con radios portátiles y a varios trabajadores de entidades públicas. 

Entre lágrimas Menchú dijo sentirse muy ofendida por la actitud racista y violenta de los eferregistas y presentó una denuncia ante el Ministerio Público, MP por discriminación y amenazas.

Una semana después del incidente se logró identificar a cinco personas como responsables de las agresiones, siendo éstas: Juan Carlos Ríos Ramírez, nieto de Ríos Montt, lider del FRG; Enma Concepción Samayoa Robles, Ana Cristina López Kestler de Rosales, diputada al Parlacen; Elvia Domitila Morales de López y Vilma Vidalina Orellana Ruano. El juicio inició el 8 de marzo de 2005

Los cinco fueron enjuiciados a pesar de las múltiples acciones para evitar el avance del juicio y además de un aparente apoyo del magistrado de la CC, Guillermo Ruiz Wong quien emitió un informe en el que afirmaba que el día de la diligencia en la CC no había ocurrido ningún problema, gran parte del órgano constitucional era afín al FRG. 

La Premio Nobel solicitó la pena máxima para los acusados para sentar un precedente y que “Una sentencia absolutoria es legalizar el racismo y la discriminación en este país”, indicó Menchú. 

Finalmente el 4 de abril de 2005 lo acusados fueron condenados a condenas de tres años y dos meses de cárcel conmutables, además de una caución económica de Q86 mil cada uno. 

El fallo se consideró como un hecho histórico ya que era la primera vez que se obtenía una sentencia por el delito de discriminación. Menchú dijo en esa ocasión estar satisfecha con la sentencia, misma que años atrás no se hubiera dado. “Hoy tenemos una gran experiencia, al poder comunicar a nuestros jóvenes que nadie debe ser discriminado; se sienta un precedente”, opinó. 

Tras la sentencia, el gobierno a través del vicepresidente en ese entonces, Eduardo Stein presentó una política contra la discriminación racial, poniendo énfasis en la sensibilización hacia lo interno del Estado y las sanciones administrativas. A través de esta política se implementaría una Campaña Nacional contra la Discriminación, que tendría como objetivo combatir los estereotipos, promocionar los valores de diversidad y animar a denunciar la discriminación. Este sería el primer paso gubernamental para combatir el racismo.

Actualidad

Codisra comenzó a recibir denuncias por discriminación racial, muchas de ellas se debían a acciones contra la espiritualidad maya. Sin embargo en 2007 afirmaban que muchos de los casos no llegaban a debate oral. Con el paso del tiempo fueron conociéndose más casos de discriminación inclusive dentro de las mismas dependencias estatales.

En 2006, la viceministra de Trabajo, Cándida González Chipir interpuso una denuncia por discriminación étnica, después de que empleados de las oficinas del Ministerio de Trabajo, en Tecún Umán, San Marcos, despreciaran su presencia y se negaran a reunirse con ella, al observar que vestía su traje típico.

Los empleados se encerraron en una oficina contigua e hicieron burlas de González, que se tornaron en carcajadas cuando supieron que se trataba de la viceministra. González tuvo que salir del edificio y retirarse en medio de insultos de empleados. Por este caso fueron juzgadas y condenadas tres personas: María de los Ángeles Narváes, Arely Mahalí Valenzuela Orozco y José Dionisio Ochoa Velásquez, por el delito de discriminación en agravación de la pena por motivos étnicos. 

Otros casos que han obtenido una sentencia han sido los de Víctor Lem en 2004 a quien se le había negado el acceso a un bar de Quetzaltenango; María Tuyuc, sobrina de la ex diputada Rosalina Tuyuc, quien le fue impedido el ingreso a una discoteca por parte de un guardia privado. Varios casos se encuentran suspendidos y muchos otros sin tener denuncia, por la limitación y el temor a represalias además de falta de acceso a la justicia en muchos lugares de Guatemala.

Racismo cotidiano

Algunas expresiones que para muchos son parte de la cultura racista y se utilizan a diario:

• “Parecés indio”: cuando una persona es necia.
• “Esa tu traida parece pura envuelta”: con intención de ofender a la novia de alguien, comparándola con una mujer maya.
• “No seas cholero”: en relación a las mujeres del municipio de El Chol, que venían a la capital a trabajar como domésticas.
• “Indio igualado”: para constatar que no todas las personas tienen los mismos derechos.
• “Vos María”: para dirigirse a una mujer indígena.