Inicialmente, los estudiantes colocaron barricadas sobre la Avenida Petapa frente en la entrada de la ciudad universitaria, en protesta por los incidentes de las últimas semanas en la capital derivados del aumento al precio del pasaje por los transportistas y por la falta de acuerdos entre la Municipalidad y los empresarios.

A las 19.30 horas un vehículo tipo Cherokee con vidrios polarizados y placas del Estado de California, Estados Unidos, en el cual viajaban tres individuos armados, pasó sobre las barricadas. Estos abrieron fuego contra los manifestantes sin causar daños personales. Luego, siguieron disparando, poniendo en grave peligro a automovilistas que se encontraban en el tráfico.

Un pelotón de agentes antimotines de la Policía Nacional se presentó apoyado por una motobomba que lanzaba agua a presión contra los manifestantes, quienes armados con palos y piedras evitaban el avance de las fuerzas antimotines.

Los agentes del pelotón hicieron retroceder a los estudiantes, quienes se internaron en la ciudad universitaria, donde fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad. Dentro del campus se produjo otro choque en el cual los agentes repelieron a los manifestantes hiriéndolos de bala. Los heridos fueron identificados como Mario Alioto López Sánchez, Jorge Barrientos, Roberto Muñoz, Antonio de León, Julio Vásquez, Luis Palma, Amílcar Ortiz y Alfredo Paz, siendo trasladados al hospital Roosevelt.

Por la gravedad de las heridas y tras haber sufrido tres paros respiratorios López Sánchez falleció mientras era intervenido por segunda vez. Sus esperanzas de sobrevivir eran pocas. Un funeral de dos días se realizó en memoria del fallecido, cuyo cadáver fue llevado por miles de estudiantes y organizaciones sociales hacia la antigua Facultad de Derecho, hoy Museo de la Universidad de San Carlos, donde fue homenajeado tanto por los estudiantes como por el Consejo Superior Universitario.

USAC se pronuncia

El Consejo Superior Universitario, CSU, de la USAC, condenó la muerte de López Sánchez por las fuerzas de seguridad y denunció la violación a la autonomía universitaria. Los integrantes del CSU indicaron que la acción perpetrada por la Policía se constituyó en un “acto de intimidación a nuestras permanentes manifestaciones de solidaridad con nuestra población, ante la crisis socioeconómica en que se le mantiene sumida”.

Al CSU se sumó la condena de la Asociación de Estudiantes Universiatarios “Oliverio Castañeda de León”, que responsabilizó al Gobierno de la muerte de  López Sánchez, de allanar las instalaciones de la USAC y de violar la autonomía universitaria.  El Gobierno, por medio de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia, negó los extremos e indicó que su acción había sido antidelictiva limitada a cumplir con su deber ante los delitos cometidos por los manifestantes.

Gobierno forma comisión

El presidente de la República, Ramiro de León Carpio, ofreció investigar la muerte de López Sánchez por medio de una comisión especial, la cual finalmente fue integrada por Jorge Cabrera, Mario Antonio Sandoval, Fernando Linares Beltranena y Rubén Contreras Ortiz, quienes entregaron un informe para determinar los hechos ocurridos el 11 de noviembre.

El informe destacaba que las fuerzas de seguridad actuaron inmoderadamente en contra de los manifestantes  y que existió intercambio de disparos. Se concluyó que la Policía se excedió en su proceder, las heridas causadas a López Sánchez, el impedimiento de los cuerpos de seguridad del ingreso de unidades de socorro y que los estudiantes hostigaron a los agentes del orden público.

Funcionarios procesados

Por la muerte de López Sánchez fueron procesados el ministro de Gobernación, Danilo Parrinello; el viceministro, Mario Alfredo Mérida, y el ex director de la Policía Nacional, Salvador Figueroa. El debate duró unas dos semanas y el tribunal Tercero de Sentencia los encontró culpables de homicidio preteintencional. Fueron condenados a 10 años de prisión incomutable.

La decisión fue ampliamente, criticada especialmente por juristas, quienes manifestaron que la sentencia fue excesiva, ya que, de acuerdo con la Constitución, los ministros son responsables únicamente de sus actos, no de lo que hagan sus subalternos. Como era previsible, los funcionarios apelaron la sentencia y finalmente fueron absueltos, con excepción de Miguel Ángel Fernández Ligorría, ex jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional, quien se encontraba prófugo.

Fernández Ligorría fue capturado en 2000 tras permanecer cinco años prófugo. La acusación indicaba que él tomó la decisión de ingresar al campus de la USAC para disolver la manifestación estudiantil. En Abril de 2001 fue absuelo.

En noviembre de 2011 el gobierno de Álvaro Colom realizó un acto de perdón en el cual el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en el asesinato de López Sánchez. Por medio de un acto y una carta, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, pidió perdón “En nombre del Estado de Guatemala por la angustia y el dolor”.