El decreto tiene como objetivo “prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y para la financiación de terrorismo”, indicó el Vaticano en un comunicado.

La aplicación de las nuevas leyes y la creación de una Autoridad para la Información Financiera permiten al Vaticano entrar en la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera.

El decreto contiene una serie de disposiciones para el respeto de los acuerdos firmados en el 2009 entre el Vaticano y la Unión Europea, y cobija todas las actividades económicas de la Santa Sede, incluso los Museos vaticanos y la entidad que administra su enorme patrimonio inmobiliario de Roma.

“Se trata de un hecho histórico”, sostiene el diario La Stampa, que anticipó la noticia.

Mafia siciliana

Con las nuevas medidas se colma una laguna en la legislación vaticana y se envía un señal importante de rigor, después de los escándalos que estallaron en la década de 1980 por la gestión de sus finanzas y sus controvertidas relaciones con banqueros cercanos a la mafia siciliana.

La quiebra en 1982 del otrora mayor banco de Italia, el Banco Ambrosiano —del cual el Vaticano era un accionista importante—, dirigido por Roberto Calvi, hallado misteriosamente muerto bajo un puente en Londres, y sus conexiones con el “banquero de Dios”, monseñor Paul Marcinkus, fue uno de los mayores casos político-financieros de la posguerra.

La investigación demostró que el banco vaticano lavaba dinero de la mafia siciliana y mantenía conexiones con la logia masónica Propaganda 2 y agentes secretos de la CIA estadounidense.

El llamado Banco del Vaticano administra las cuentas de varias órdenes religiosas y de asociaciones católicas en el mundo.