“Nuestro país está creciendo económicamente y a mayor renta, mayor consumo de drogas. En el sur y sureste de Brasil se concentra el 60 por ciento de la población y el 75 por ciento del PIB brasileño, y es ahí donde más se consume cocaína”, afirma Oslain Santana, jefe del combate al crimen organizado de la Policía Federal.
En números absolutos, Brasil es considerado, por detrás de Estados Unidos, el segundo consumidor mundial de cocaína y crack, un derivado altamente adictivo de bajo costo que se expande como epidemia (entre 2003 y 2010 aumentó por 10 el número de dependientes químicos), según el gobierno.
Se estima que un 1 por ciento de la población brasileña, de 191 millones de habitantes, consume cocaína o crack. El 90 por ciento de la droga ingresa por Bolivia y Perú y el restante 10 por ciento por Colombia, mientras Paraguay cubre el 80 por ciento de la demanda de marihuana, según la Policía Federal.
El plan contra las drogas, que combina la mano dura contra el tráfico con la atención médica a dependientes, involucra acciones conjuntas entre las policías de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y se espera que dentro de poco Venezuela.
La cooperación está amparada en acuerdos bilaterales para el intercambio de información, financiación de programas y el acompañamiento de observadores brasileños en las tareas de erradicación de plantíos ilegales en territorios vecinos.
“Jamás se busca afectar la soberanía (de los vecinos), no hay esa intención, sólo queremos cooperación. Puede que el crimen no tenga frontera, pero la policía sí”, se apresura en explicar el jefe policial ante versiones de que agentes armados de Brasil participan en operativos antidrogas en suelo peruano.
En junio de 2011, Rousseff lanzó un plan estratégico que prevé la movilización periódica en las fronteras de contingentes militares apoyados por blindados, aviones y lanchas para sorprender en flagrancia a los traficantes.
El despliegue militar es seguido por operativos policiales de desarticulación de bandas y rutas del narcotráfico. Detrás de las fuerzas militares llega la policía federal para completar la tarea con la que Brasil espera taponar el ingreso de droga.
En total tres mil 500 efectivos policiales – mil más que hace un año- apuntalan la persecución del narcotráfico desde las fronteras hasta las calles y favelas.
“Nuestra principal estrategia es identificar a los grandes traficantes y descapitalizarlos, atacar el lucro” a través de la lucha contra el lavado de activos, sintetiza Santana.
Esta semana concluyó la Operación Agata 5 en los límites con Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay -un área de tres mil 900 km- que involucró a 17 mil militares.
