Capturan a alcalde mexicano con un presunto líder del cártel Guerreros Unidos

Las fuerzas federales mexicanas arrestaron a uno de los presuntos líderes del cártel de Guerreros Unidos y al alcalde del municipio de Cocula, donde se encuentra el vertedero en el que fueron supuestamente quemados 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, confirmaron hoy a Efe fuentes oficiales.

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Erick Ulises Ramírez, alcalde de Cocula, lugar donde según el gobierno fueron incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Foto: @Aristeguionline).
Erick Ulises Ramírez, alcalde de Cocula, lugar donde según el gobierno fueron incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Foto: @Aristeguionline).

El operativo fue realizado la noche del jueves por personal de la Secretaría de la Defensa y la Policía Federal, dijo una fuente del Gobierno sin precisar el lugar en el que se llevó a cabo, si bien los medios locales aseguran que fue en Cuernavaca, capital del central estado de Morelos.

Además de Adán Zenen Casarrubias, el narcotraficante, y Erick Ulises Ramírez, el alcalde, fue detenido Eloy Flores Cantú, quien se “identificó como asesor jurídico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) en la Cámara de Diputados”, detalló la fuente.

Los arrestados, añadió, tenían en su poder “un arma larga, una corta, un paquete con polvo blanco con características de cocaína”, objetos que fueron decomisados.


Zenen Casarrubias, alias el “Tomate”, es hermano de Sidronio Casarrubias, líder del cártel de Guerreros Unidos detenido hace un año por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

La captura de Sidronio Casarrubias fue clave para descubrir la infiltración del crimen organizado en la alcaldía de Iguala, que recibía del cártel más de US$150 mil mensuales, además de mantener controlada a la Policía de ese y del vecino municipio de Cocula.

Según las investigaciones de la fiscalía general, la noche del 26 de septiembre pasado policías de Iguala y Cocula detuvieron a los 43 jóvenes de Ayotzinapa y los entregaron a Guerreros Unidos.

De acuerdo con el testimonio de varios detenidos en este caso, Sidronio ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, al creer que se trataban de integrantes de Los Rojos, el grupo delictivo rival.

Los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, según la versión de la Fiscalía presentada a principios de este año y cuestionada en septiembre pasado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo pasado.

Ramírez, del izquierdista PRD, asumió la presidencia municipal de Cocula el 30 de septiembre pasado.

Las autoridades mexicanas han detenido a más de un centenar de personas, entre miembros de Guerreros Unidos y funcionarios corruptos, pero aún falta figuras clave en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, como el entonces secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ofreció el 6 de octubre pasado recompensas de entre 2.5 millones de pesos (unos US$149 mil) y 1.5 millones de pesos (US$89 mil 605) por información que permita detener a Flores y cuatro implicados más.


Entre ellos están José Ángel Casarrubias, alias “el Mochomo” y hermano de Sidronio y Adán Zenen, así como José Ulises Bernabé García, juez calificador que estaba de turno la noche del 26 de septiembre de 2014.

Guerreros Unidos es una organización criminal que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que opera en varias ciudades de los estados de Guerrero y Morelos.

EE. UU. urge avanzar en caso

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, llamó a México este jueves a mostrar avances en la resolución de la desaparición de 43 estudiantes y de otros casos prioritarios sobre violaciones de derechos humanos.

La funcionaria habló ante periodistas tras una visita de tres días a México, donde se entrevistó con la canciller Claudia Ruiz Massieu y la fiscal general Arely Gómez para tratar diversos temas, incluyendo cooperación en materia de seguridad.

Preocupado por el estado de los derechos humanos en México, Estados Unidos bloqueó 15%  (o cinco millones de dólares) de la ayuda en entrenamiento y seguridad antidrogas que envía a su vecino del sur.

Según Power, las autoridades mexicanas pueden recuperar la confianza de sus ciudadanos si logran resolver casos prioritarios como la desaparición en septiembre del año pasado de 43 estudiantes en Iguala  (Guerrero, sur) .

“Si hubiera avances en el caso Iguala u otros casos (…) si se dedicaran recursos y se hiciera justicia, eso enviaría un mensaje muy importante”, estimó.