Y advierte: “La historia demuestra que entre más se cierran los canales legales para recibir la protección de un Estado, las personas migrantes y refugiadas se ven forzadas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas para ingresar al país” .
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la defensa de los derechos humanos, ambas con sede en Washington.
El 5 de septiembre, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio al Congreso seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
Este mismo domingo, el mandatario envió a los líderes del Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
Trump quiere que su plan migratorio sirva como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800 mli jóvenes indocumentados que, gracias al programa DACA, pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo temporal.
Internacional
CIDH pide a EEUU una vía de regularización migratoria para jóvenes de DACA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a Estados Unidos que restablezca el programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia y ofrezca una vía de regularización migratoria tanto a ellos como a otros grupos.
Además, en un comunicado emitido hoy, pide “crear un proceso hacia la adquisición de la nacionalidad, sin poner en peligro los derechos humanos de otros grupos de migrantes y refugiados”.
Y amplía su llamamiento al “exhortar a los Estados Unidos a revertir su política de cerrar canales legales para que personas migrantes y refugiadas puedan acceder o permanecer en una situación migratoria regular”.
La CIDH considera que “la falta de canales legales disponibles para regularizar la situación migratoria” de los beneficiarios de DACA plantea “una seria amenaza al principio de unidad familiar”.
Y, también, que el fin de la protección a estos migrantes pone en peligro su “acceso a derechos económicos y sociales, incluyendo la educación, los derechos laborales, y la atención médica, y garantías legales, como por ejemplo el acceso a la justicia y los tribunales”.
La Comisión también hace una valoración general sobre los cambios migratorios introducidos hasta ahora por el Gobierno de Donald Trump.
“En su conjunto, estos cambios contribuyen a un panorama de inseguridad creciente para las personas migrantes y refugiadas, y a un número cada vez menor de opciones legales para preservar a sus familias y su seguridad física”, indica.
