El papel formal del Departamento de Estado en la gestión de refugiados se remonta a casi medio siglo atrás, a la Ley de Refugiados de 1980, que estableció un sistema de reasentamiento en Estados Unidos.

Esta ley se aprobó cuando el país se enfrentaba a la oleada de refugiados que habían huido del sudeste asiático durante la guerra de Vietnam.

La nueva ley abordó la situación de estos refugiados y alineó a Estados Unidos con los pactos internacionales que tenían su origen en el desplazamiento de refugiados judíos y otros europeos durante la Segunda Guerra Mundial.

La segunda administración Trump estaba decidida a reformar radicalmente el compromiso del país con este sistema.

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Días después de la toma de posesión del presidente, el Departamento de Estado congeló de forma generalizada la ayuda exterior e inició una revisión de miles de subvenciones humanitarias para determinar si violaban la orden ejecutiva del presidente que prohibía los programas federales basados ​​en la diversidad, la equidad y la inclusión.

La agencia eliminó 4 mil 100 subvenciones —aproximadamente el 45 % de todos sus programas humanitarios— y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el magnate tecnológico Elon Musk, recortó el 92 % de las iniciativas de gasto supervisadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue clausurada por completo.

Meses después, la administración notificó al Congreso que estaba llevando a cabo una amplia reestructuración del Departamento de Estado, enviando a los legisladores un memorando de 136 páginas que incluía planes para una nueva Oficina de Remigración.