“El país se enfrenta a una situación de criminalidad generalizada”, que se refleja en un alza del 76% de los homicidios en lo que va de este año, por lo que es “necesaria la creación de una contribución especial cuyo objetivo primordial será la ejecución de planes destinados a garantizar la seguridad”, dicen los decretos que recogen los nuevos impuestos.
44 legisladores aprobaron el paquete de leyes
34 se oposieron
5% es el gravámen a las telecomunicaciones
La Ley Especial para Grandes Contribuyentes, que grava con un 5% las ganancias de las personas o empresas que superen los US$500 mil anuales, fue aprobada con 44 votos a favor y 34 en contra de 84 existentes.
El pleno aprobó con 48 votos a favor y 35 en contra la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que grava todos los servicios de telecomunicaciones y la transferencia de aparatos tecnológicos con un 5%.
En una primera instancia, el Gobierno propuso que el gravamen a las telecomunicaciones fuera de un 10% por ciento, e intentó aminorar el impacto con una reducción del 13 % en promedio del costo de las llamadas telefónicas, tras la polémica que generó la iniciativa.
Los dos nuevos impuestos tendrán una vigencia de 5 años y el Gobierno pretende recaudar unos 140 millones de dólares anuales para financiar el plan El Salvador Seguro, creado por el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) .
Ese plan estipula una inversión de US$2 mil 100 millones en cinco años.
Según la diputada del FMLN, Norma Guevara, los fondos procedentes de los nuevo tributos se utilizarán “exclusivamente” para impulsar programas de recuperación de territorios, reducción de los delitos, reducción del número de jóvenes que no trabajan ni estudian, y reparación para víctimas, entre otros.
“En El Salvador Seguro quedó clara la necesidad impostergable de recaudar recursos para atender los efectos y causas de la violencia”, dijo la parlamentaria.
Por su parte, la fracción legislativa de ARENA catalogó la aprobación de estos impuestos como “castigo a la población”, “asalto al bolsillo”, “día gris” y “jueves negro”.
La diputada de la ARENA Margarita Escobar, expuso que estos tributos no se establecen en el plan El Salvador Seguro, como señalo Guevara, y que su partido apoyó en un inicio.
“En ninguna parte (del plan) dice que serán los impuestos que castigan al pueblo los que solucionarán el problema (de la violencia)”, añadió durante la plenaria Escobar.
René Portillo Cuadra, también de ARENA, manifestó que el Gobierno “quiere resolver el problema de la inseguridad a puro impuesto”, he hizo un llamamiento a que, en “lugar aprobar nuevos tributos”, se implemente una “austeridad gubernamental”.
El diputado del PDC Rodolfo Parker, dijo por su parte que la autorización de estos impuestos fue una “decisión de Estado” acordada en el CNSCC y no una “negociación” particular u “oscura” del FMLN.
“Ningún gobierno anterior implementó políticas de Estado serías para resolver el problema de la violencia”, expuso Parker.
Según datos de la Policía, hasta el 27 de octubre pasado han sido asesinadas cinco mil 561 personas, dos mil 400 más que entre enero y octubre de 2014, con un incremento del 76%.
