Internacional

Corte Suprema de EE. UU. limita deportaciones de inmigrantes con algunos delitos

El Tribunal Supremo de EE.UU. determinó este martes que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un crimen es demasiado "vaga" y, por tanto, no se puede poner en práctica, lo que limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes.

Los magistrados decidieron con una votación de 5-4, invalidar parte de una ley federal. El juez Neil Gorsuch, el último integrante del máximo tribunal que fue nombrado por el presidente Donald Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez.

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo.
El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.
La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”.

El fallo emitido por la Corte Suprema es “muy importante, porque le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportarlo de Estados Unidos”, señaló Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. “Los magistrados determinaron que un robo no se trata de un delito de violencia cuando no hay daños a terceros”, agregó.

“Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia”, precisó. “Es decir, los agentes de inmigración del Gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia”.“La duda que me queda”, indicó Velásquez, “es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante”.

“Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón”, recalcó Velásquez.

Golpe para el gobierno

La decisión es un golpe para el gobierno del presidente Donald Trump que, al igual que el de su predecesor Barack Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema.

Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.

El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California. Tras ser acusado de robo en California, el Gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.

El caso fue debatido inicialmente en enero del 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4. Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente.

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