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Demandan poner fin al estado de Excepción de Bukele en El Salvador

Observatorio de Derechos Humanos solicita al Congreso salvadoreño poner fin al estado de Excepción, medida aplicada por Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.

Estado de excepción El Salvador

El presidente salvadoreño Nayib Bukele decreto estado de excepción el 27 de marzo de 2022 y ha sido prorrogado por más de un año con apoyo del Congreso. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) solicitó al Congreso de El Salvador derogue el decreto legislativo que prorroga el régimen de Excepción y deje sin efecto la suspensión de derechos constitucionales, medida que ha utilizado el presidente reelecto, Nayib Bukele, en una guerra contra las pandillas.  

“En vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia y de la vulneración de los principios que rigen los estados de excepción, tales como: el principio de temporalidad o provisionalidad y de proporcionalidad”, se lee en el informe de la OUDH.  

El 27 de marzo de 2022, Bukele declaró la “guerra” a las pandillas amparado en el régimen de Excepción, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Según la Presidencia de El Salvador, a un mes y medio de terminar el primer mandato de Bukele, se han registrado 600 días sin homicidios.

Gabriela Santos, del directorio del OUDH, declaró que el retiro del estado de Excepción es solicitado “porque lo que causó esa medida excepcionalísima es una situación grave y si se dice que los homicidios ya bajaron, entonces la situación grave ya no existe”.

En 2023, el índice de letalidad en El Salvador fue de 3.78, lo que significa un aumento del 134.8 % respecto al 2022, se lee en un comunicado de la OUDH relacionado al informe anual del estado de los derechos humanos en ese país.

También, el OUDH resaltó que se han evidenciado casos de uso excesivo de la fuerza estatal. Los agentes señalados como responsables de actos violatorios de la integridad, en su mayoría, pertenecen a la Policía Nacional Civil, con un 82 %. Mientras que el 18 % restante se le asignó a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

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De acuerdo con el informe, en 2023 fue la primera vez después del conflicto armado que el Estado salvadoreño suspende derechos fundamentales de manera consecutiva durante 12 meses.

En ese sentido se registró que bajo el régimen de Excepción han sido detenidos sin orden judicial casi 80 mil presuntos pandilleros.

El estado de Excepción es criticado por diversos grupos de derechos humanos, entre ellos Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El viernes 12 de abril, el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Abrego, comentó que “el régimen de Excepción, que debería de ser excepcional, se ha convertido en una regla para este gobierno”, en una entrevista en Radio YSUCA.

Por su parte, el gobierno de Bukele aseguró, un día antes, que El Salvador es “el país más seguro del hemisferio occidental…”.

El OUDH, perteneciente a la jesuita Universidad Centroamericana, considera que existen ley salvadoreñas para juzgar a los pandilleros sin normas extraordinarias.

Cuestionan registro de homicidios en 2023

El informe del Observatorio cuestiona el balance oficial de 154 homicidios en El Salvador durante 2023.

Según el OUDH, la cifra oficial “adolece de subregistro”, pues no toma en cuenta las muertes violentas; además, deja “fuera” a quienes fallecieron en enfrentamientos con la Policía, así como los decesos en prisiones, restos humanos localizados y la muerte de presuntos pandilleros.

Para el Observatorio, el número real de homicidios en 2023 fue de 309 personas, una tasa de 4. 87 homicidios por cada 100 mil habitantes y no de 2.4 como afirman las autoridades.

El coordinador del Observatorio, Jorge Rodríguez, dijo que a finales de 2023 que se estimaba que en El Salvador había 104 mil 747 privados de libertad, lo que equivale a 1 mil 652 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Una de las recomendaciones que incluye el informe del OUDH es adoptar un programa de reparación integral a las personas privadas de libertad por error policial, fiscal y judicial

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