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¿EE. UU. cambió las reglas para obtener la Green Card? Conozca las nuevas normas para el 2026
El cambio en las reglas para la Green Card constituye la transformación más amplia del proceso de ajuste de estatus en más de una década.
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La tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos es conocida popularmente como Green Card. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Durante la tarde del pasado miércoles 26 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos anunció una reforma integral de la evaluación de las solicitudes de la tarjeta de residencia permanente, conocida popularmente como Green Card, documento de identidad para los residentes de EE. UU. que no poseen la nacionalidad estadounidense.
Con esta reforma integral, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que administra el sistema de naturalización e inmigración del país, busca ampliar los criterios para determinar la “carga pública” a partir del próximo 18 septiembre del 2026.
Frente a este escenario, las publicaciones en el Registro Federal demuestran que el cambio constituye la transformación más amplia del proceso de ajuste de estatus en una década, dado que la nueva normativa sustituye por completo la regulación aprobada en enero del 2022 y busca ajustar la política migratoria a los parámetros del Congreso.
Además, según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el USCIS busca restaurar un enfoque más detallado y flexible en la determinación de la autosuficiencia de los solicitantes, por lo que el cambio afecta tanto los criterios de evaluación como el procedimiento administrativo y tendrá impacto sobre quienes busquen la Green Card.
¿Habrá período de transición?
El USCIS estableció que no habrá período de transición para la implementación del nuevo formulario, de manera que toda solicitud presentada con la edición previa será rechazada automáticamente desde el primer día de vigencia, ya que las nuevas reglas amplían el universo de beneficios públicos por considerar y refuerzan la evaluación.
Dadas las circunstancias, de acuerdo con la normativa publicada por el USCIS, la nueva guía obligará a todos los oficiales migratorios a considerar estos cinco factores principales para determinar si un solicitante podría convertirse en una “carga pública”: edad, salud, estatus familiar, bienes o situación financiera y educación o habilidades.
Ante esta situación, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, los nuevos documentos oficiales explican que, a diferencia de la regulación del 2022, que solo contemplaba la asistencia para el mantenimiento de ingresos, la nueva política permite evaluar cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos.
Algunos de estos beneficios públicos sujetos a verificación de recursos son los siguientes:
- Medicaid: programa conjunto del Gobierno federal y los estados de EE. UU. que ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a personas de bajos ingresos.
- CHIP (Seguro Médico para Niños): programa financiado por el Gobierno de EE. UU. que ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a menores de 19 años cuyas familias tienen ingresos demasiado altos para calificar para Medicaid, pero demasiado bajos para pagar un seguro privado.
- WIC: programa federal de nutrición en EE. UU. que brinda apoyo alimentario y de salud a mujeres, bebés y niños pequeños.
- SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria): programa de ayuda federal de EE. UU. que otorga recursos a familias de bajos ingresos para comprar alimentos
¿A quiénes afecta la reforma?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. detalló que los nuevos criterios de evaluación de carga pública se aplicarán a todas las personas que soliciten el ajuste de estatus a residente permanente legal en los Estados Unidos. Esto abarca a los solicitantes por vínculo familiar, laboral, diversidad de visas e inversión, entre otros.
Por lo tanto, si un oficial determina que un solicitante podría convertirse en carga pública según los nuevos criterios, la solicitud de ajuste de estatus podrá ser rechazada, de manera que las autoridades migratorias enfatizaron que la evaluación será individual y dependerá de la totalidad de las circunstancias presentadas en cada expediente.
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