Sed de justicia
Decenas de miembros de organizaciones sociales llegaron a La Esperanza el jueves, procedentes de distintas zonas del país para participar junto a familiares y miembros del Copinh en los actos conmemorativos.
“Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta” , expuso el Copinh en una declaración en que exige que “el Estado hondureño asuma su responsabilidad” por la muerte de “quien no solamente desprotegió sino que persiguió y criminalizó por su labor humanitaria” .
Cáceres fue acusada por la fiscalía de “portación ilegal de amas” y, en febrero del 2014, un tribunal le impuso la prohibición de salir del país.
Posteriormente se comprobó que el arma había sido colocada en su automóvil por policías para incriminarla, por lo que el juicio fue suspendido.
En el marco de la conmemoración, los miembros del Copinh y de otras organizaciones indígenas y de derechos humanos se reunieron este viernes en un centro social en La Esperanza para analizar la lucha de Berta y las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos en la zona Lenca, en el oeste del país.
Durante la noche los participantes hicieron una vigilia en la casa de Flores, donde elevaron un altar con fotos y frases de la ambientalista, quien en 2015 recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel de los ambientalistas.
Los actos de conmemoración finalizarán mañana sábado, cuando la ambientalista y luchadora por los derechos humanos estaría cumpliendo 46 años.
A los autores intelectuales “los tienen muy bien escondidos, pero más o menos se sabe quiénes son” , afirmó la dolida madre.
Flores responsabilizó de la muerte de su hija al gobierno, a los militares y a los grandes empresarios de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que construían el proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque.
Presión internacional
“Esperamos que con toda la presión nacional e internacional los alcance el brazo de la justicia y podamos derrocar a este gobierno y su poderoso ejército” , dijo la mujer.
El Congresista demócrata estadounidense Hank Johnson, junto a otros 22 copatrocinadores, presentó un proyecto denominado Ley de Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres“, encaminado a detener el financiamiento de organismos de seguridad de Honduras mientras no se castigue a los responsables del crimen.
El senador estadounidense Patrick Leahy emitió una declaración señalando que el asesinato pudo haber sido una operación de inteligencia militar y que debió haber sido cometido por ” órdenes de arriba“.
Declaró que los autores intelectuales del crimen todavía no han sido arrestados y pidió una investigación del Departamento de Estado sobre la formación estadounidense que habrían recibido dos de los sospechosos arrestados.
Desde hace un año, cuando Cáceres fue asesinada, otros siete defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras, y 120 desde 2010, según la no gubernamental organización británica, Global Witness.
Tales cifras hacen de Honduras el país más mortífero del mundo para defensores del ambiente, señaló la agrupación.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había recibido amenazas de DESA por impedir a través de manifestaciones con los indígenas lencas la ejecución de ese proyecto.
Entre los detenidos hay un empleado de DESA pero la empresa aseguró en un comunicado que ” bajo ningún concepto es responsable“del crimen y ” desde el primer momento ha estado a disposición de las autoridades, cooperando” con los requerimientos.
