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Más de 200 congresistas demócratas apoyan medidas migratorias de Obama

Un total de 218 legisladores demócratas del Congreso de EE.UU., presentaron este viernes ante la Corte Suprema un documento a favor de las acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente Barack Obama, con el fin de que el máximo tribunal acepte el caso y falle a su favor.

Los 184 representantes y 34 senadores interpusieron la noche del jueves un documento conocido en la jerga jurídica como “amicus curiae” en el que sostienen tener “un gran interés en garantizar que las cortes federales honren la decisión deliberada del Congreso ratificando la acción ejecutiva”.

El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo en un comunicado que “estamos seguros que la Suprema Corte apoyará la decisión” del presidente Obama.

Obama emprendió una nueva lucha por resucitar sus medidas migratorias con un recurso presentando a finales del mes pasado ante el Tribunal Supremo, destinado a frenar la deportación de cinco de los once millones de indocumentados que viven en ese país.

El recurso busca levantar el bloqueo de las medidas migratorias que decidió mantener una Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, a petición de una coalición de 26 estados, dirigidos en su mayoría por gobernadores republicanos.

Con el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, y su homóloga en la Cámara baja, Nancy Pelosi, a la cabeza, los congresistas demócratas presentaron hoy el documento con el que pretenden impulsar el caso ante la Corte.

“Confiamos en que la Corte Suprema apoyará la decisión del presidente Obama de ejercer la autoridad otorgada por el Congreso estadounidense para establecer las prioridades de la ejecución de la ley y para enfocar nuestros recursos limitados en riesgos a nuestra seguridad nacional y seguridad pública, no contra familias trabajadoras” , apuntaron Reid y Pelosi en una declaración conjunta.

“El presidente Obama tomó acciones ejecutivas después de un análisis legal extenso por el Departamento de Justicia y solo después de que los republicanos se negaran a arreglar nuestro sistema migratorio” , agregaron ambos.

El informe presentado ante el máximo tribunal argumenta que los programas D AP A  (alivio de padres indocumentados de jóvenes con residencia o ciudadanía) y DACA  (alivio para jóvenes que llegaron a EE.UU. como niños indocumentados) “son coherentes con la intención del Congreso y la autoridad legal del presidente”  para establecer las prioridades sobre la inmigración a nivel nacional.

El Congreso “le otorgó al secretario (de Seguridad Nacional) la discreción amplia para determinar cómo se deben realizar las leyes migratorias, y ha pedido explícitamente al secretario que establezca las políticas y prioridades para que se cumpla con esas leyes” , apunta el texto.

El escrito de “amicus curiae”   (amigo de la corte) presentado ante el Supremo fue firmado por un total de 34 senadores y 184 miembros de la Cámara de Representantes.


Los republicanos sostienen que las medidas son inconstitucionales por suponer un cambio político demasiado grande como para que el presidente actúe sin autorización del Congreso.

Sin embargo, Obama argumenta que el plan para “sacar de las sombras”  a millones de indocumentados no viola la separación de poderes y tampoco supone un cambio sustancial en las leyes migratorias del país.

La posible deliberación del Supremo promete estar rodeada de una fuerte batalla partidista, con los 26 estados gobernados en su mayoría por republicanos a un lado de la mesa y, en el otro extremo, una coalición similar de 15 estados demócratas más el Distrito de Columbia que han prometido apoyar judicialmente a Obama.

Así, el máximo tribunal podría decidir este enero si toma en consideración el caso en su siguiente periodo de sesiones, lo que podría suponer un fallo definitivo para junio del año próximo, a apenas seis meses de las elecciones presidenciales.

Sistema migratorio

Obama se comprometió por primera vez en su campaña presidencial del 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma migratoria integral.

Los beneficios migratorios, que incluyen un permiso de trabajo, no han podido ser implementados desde que un grupo de 26 gobernadores republicanos encabezados por Texas interpusieron una demanda alegando que Obama había abusado de su autoridad presidencial.

La Corte Suprema concedió esta semana a Texas ocho de los 30 días que el estado había solicitado para responder a la apelación presentada por el Departamento de Justicia.

El calendario indicado por el máximo tribunal le permitiría escuchar a ambas partes en abril y emitir una decisión en junio, cuando a Obama le restarán apenas siete meses en la Casa Blanca.

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