Las familias de las víctimas fueron informadas de la captura el jueves por la noche y Crespo rindió su declaración este viernes a la espera de que se determine su situación jurídica.
Si bien el arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesa sobre Crespo, quien estaba adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala (Guerrero), donde sucedieron los hechos, es por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación de militares y policías federales.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
“Para nosotros es una noticia positiva porque las acciones penales ya se elevan al círculo de las autoridades federales y van a tener que rendir cuentas”, dijo este viernes a Efe el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, sobre la captura de Crespo.
Rosales recordó que hasta ahora ha habido “varios detenidos” del cártel Guerreros Unidos y “otros funcionarios menores” por irregularidades en la investigación del caso. “Pero funcionarios que se les acuse de participación directa o indirecta en los hechos, no tenemos”, señaló.
Asimismo, confirmó que hay pendientes otras órdenes de captura contra militares.
El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.
“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en un acto en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.
Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.
