La misma ocurrió cerca de la comunidad de Santa María Ostula, en el occidental estado mexicano de Michoacán, adonde se dirigía una caravana integrada por doce miembros del MPJD.
El grupo viajaba para actuar como observador en una consulta interna que se iba a celebrar cuando fue sorprendido por cuatro sujetos armados que les encañonaron y se llevaron a uno de sus miembros, Trinidad de la Cruz Crisóforo, de 73 años, también conocido como “Don Trino” .
El MPJD dijo que el activista había recibido amenazas supuestamente del crimen organizado y de paramilitares, pese a lo cual carecía de protección que se había solicitado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
En la comunidad de Santa María Ostula hay un conflicto de tierras que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha tratado sin éxito de desactivar y que desde junio de 2009 ha dejado 27 personas muertas, dijo Hernández, del MPJD.
Una de esas víctimas es otro miembro del MPJD, Pedro Leyva Domínguez, quien fue asesinado el pasado 7 de octubre.
El segundo suceso ocurrió en Guerrero, donde Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y del MPJD, “fueron bajados de un autobús” que se dirigía hacia Chilpancingo, la capital del sureño estado, y desde entonces se desconoce su paradero.
“Eva y Marcial habían pedido medidas de protección frente a amenazas que habían recibido” , denunció Hernández.
El MPJD exigió al Gobierno federal y a los estatales de Michoacán y Guerrero “que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones para encontrar” a los desaparecidos y tratar de que estos nuevos casos no queden en la impunidad.
Respecto al caso de “Don Trino” , Daniel Peña, letrado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México (ANAD) , lamentó el hecho y dijo que hoy se presentará una denuncia formalmente por el mismo.
“No es un hecho aislado y el Estado es corresponsable de la desaparición de Trino” , señaló.
Además, informó de que hará llegar información del caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
La también activista del MPJD, Clara Jusidman, dijo que las nuevas desapariciones de esta plataforma de víctimas de la violencia serían denunciadas, a pesar de que hay una “pérdida de credibilidad y confianza en los procedimientos legales de denuncia” que hay en México.
Por su parte, Pietro Ameglio, portavoz del MPJD, dijo que los tres desaparecidos eran “gente de diálogo” , y la también activista Araceli Rodríguez lamentó la actuación por omisión de las autoridades mexicanas hacia los defensores de derechos humanos.
Estos nuevos casos ocurren después de que el 2 de diciembre la presidenta de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fuera tiroteada en Ciudad Juárez.
Además, el 28 de noviembre pasado fue asesinado otro miembro del MPJD en Sonora, Nepomuceno Moreno Nuñez, de 56 años, otro caso en el cual no hay detenidos.
