En una carta al clero, el obispo Libasci, de la diócesis de Manchester (Nuevo Hampshire), afirmó que la Iglesia no puede proporcionar protección a los indocumentados, ya que eso podría suponer que los sacerdotes tuvieran que enfrentarse a procedimientos penales y multas por acoger a personas que permanecen en EE. UU. de manera ilegal.
“Santuario no es una designación reconocida por la ley y no proporciona tal protección legal”, agregó el obispo en referencia a la ayuda que algunos templos católicos están dando a las familias indocumentadas para que no sufran deportaciones y separación familiar.
La carta fue enviada unos días después de que una iglesia de Manchester, con muchos fieles hispanos, se declarara una iglesia santuario, según el reverendo Joseph Gurdak, un franciscano capuchino.
A principios de la semana pasada, Gurdak dijo que los padres de familia que temen una posible deportación le envíen instrucciones, bajo acta notarial, a él y a su personal sobre cómo proceder con sus familias.
En el papeleo deben explicar su situación financiera y quién debe cuidar a sus hijos en caso de que los padres sean enviados a sus países de origen.
“Es triste que la Iglesia Católica esté tomando esta posición, pero no es sorprendente”, dijo este lunes al diario La Raza Eva Castillo, directora ejecutiva de la Alianza para Inmigrantes y Refugiados de Nuevo Hampshire.
“Crecí católica y, cuando se trata de temas como este, están felices de ofrecer dinero y apoyo, pero no están dispuestos a poner su fe en acción”, agregó.
Pese a su rechazo a proteger a los indocumentados, Libasci dijo que la Iglesia sigue comprometida con el apoyo a las leyes de reforma inmigratoria integral que ofrecería a los indocumentados un camino hacia la ciudadanía.
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en la que advierte a las conocidas “ciudades santuario”, las que no cooperan en la detención de indocumentados, que si siguen protegiéndolos les serán retirados ciertos fondos federales, aunque la legalidad y la efectividad de la medida es cuestionable.
El multimillonario ha extremado sus acciones contra los inmigrantes en situación ilegal y pretende aumentar de manera exponencial la fuerza de deportación del país.
