El objetivo es que “nunca más miembros del Ejército cometan violaciones a los derechos humanos contra la población y que si cometieran actos en contra de ésta sean sancionados conforme al derecho nacional e internacional“, demandan activistas, campesinos, sindicalistas e indígenas en un escrito leído en rueda de prensa.
El abogado y activista Ernesto Rodríguez Cabrera señaló la necesidad de acabar con la impunidad y, sobre todo, “evitar más violaciones a las garantías individuales de parte del Ejército“.
Rodríguez responsabilizó al Ejército de lo ocurrido la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena de El Charco, en el occidental estado Guerrero, donde militares “asesinaron” a 12 indígenas a quienes vincularon al rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) .
“No podemos seguir tolerando que haya personas masacradas por las fuerzas que debían defenderlas” , aseveró el defensor de familiares y sobrevivientes de aquella tragedia, entre ellas Ericka Zamora Pardo, quien participó en la rueda de prensa.
De acuerdo con Zamora Pardo, los militares cometieron entonces una serie “de violaciones, abusos y arbitrariedades” , ya que “al llegar, si bien es cierto que habían algunos guerrilleros que participaron en una asamblea educativa, a todos nos sometieron y sin que nadie pudiera defenderse mataron a muchos inocentes” .
