La ONUDD no quiso hacer comentarios sobre el contenido del documento, pero varias fuentes diplomáticas especializadas en política de drogas coincidieron en que es la primera vez que el organismo menciona la despenalización en forma abierta.
La despenalización del consumo personal, que se aplica en algunos países europeos, en otros como Canadá o Australia, así como en naciones latinoamericanas como Brasil o Chile, supone que el uso de drogas no sea un delito, sino que se sanciona con alternativas, como multas o terapias, al encarcelamiento.
En Uruguay ha sido legalizada la compraventa y el cultivo de marihuana, y se establece la creación de un ente estatal regulador de la droga.
En cualquier caso, la despenalización no supone una legalización ni liberar el acceso a la droga, que según los tratados solo puede usarse con fines médicos y científicos pero no recreativos.
Sanción
El consumo seguiría siendo sancionable —con multas o terapias obligatorias—, pero deja de ser un delito penal.
La ONUDD asegura en el informe que “los tratados alientan el recurso a alternativas a la prisión” y subraya que se debe considerar a los consumidores de estupefacientes como “pacientes en tratamiento” y no como “delincuentes”.
En el 2009, los Estados de la Comisión adoptaron la Declaración Política que preveía que se “elimine o reduzca considerablemente” la oferta y la demanda de drogas hasta el 2019, un ambicioso objetivo que por ahora está lejos de cumplirse.
Para el debate de este año, la ONUDD elaboró este informe, firmado por su director ejecutivo, el ruso Yury Fedotov, en el que valora la situación actual de la lucha contra las drogas.
El informe apunta progresos “desiguales”, pero reconoce que “la magnitud general de la demanda de drogas no ha cambiado sustancialmente a nivel mundial”, lo que contrasta con los objetivos fijados en el 2009.
