La jornada de pláticas no tuvo mayores avances pues Daniel Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- aún no responde a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis de ese país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al Gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas y e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.
Pánico en las calles
Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la segurida social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
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Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas. La lista detalla la identidad de 262 víctimas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado a ese país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo torturando asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.
El pánico que siembran en Nicaragua estos grupos de hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días, se han multiplicado las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de defensa y seguridad, Elvira Cuadra.
“No vemos voluntad”
El presidente de CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.
Las mesas de diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica no se reunieron este martes, pero la misión de la CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“Hasta ahora no vemos voluntad del gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que, hasta esta crisis, había sido aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.
En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar del informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, “muy especialmente el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.
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