Aunque el gobierno del presidente Mauricio Funes afirmó que seguirá combatiendo a las maras, reconoció que esa tregua bajó los homicidios de 15 a cuatro por día.
La situación que actualmente vive El Salvador es inédita, y hasta cierto punto, también increíble. El acuerdo entre las pandillas violentas busca detener el derramamiento de sangre en un país posicionado en la cumbre de la tasa de homicidios por habitante de todo el mundo.
El Gobierno señala que las pandillas son responsables del 90 por ciento de los homicidios en El Salvador, uno de los más violentos de Centroamérica, y que la mayoría corresponde a una guerra por el control de territorios.
La violencia dejó en el 2011 al menos cuatro mil 354 muertos, la mayoría víctimas de las pandillas, con un promedio diario de 13 homicidios, según datos oficiales.
A finales de febrero, se cernía sobre El Salvador una grave confrontación entre las fuerzas de seguridad y las pandillas.
En medio de esta lucha, Funes nombró a los generales de división David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad, y a Francisco Salinas en el cargo de director general de la Policía Nacional Civil.
La oposición política y social interpretó tales designaciones como el retorno de la mano dura, es decir, la imposición de la represión sobre el modelo de prevención de la violencia.
Mensaje
La misa en la que participaron los líderes de los pandilleros, oficiada por el nuncio apostólico Luigi Pezzuto y el capellán del Ejército Fabio Colindres, se celebró esta semana en un salón del penal de Ciudad Barrios, 156 kilómetros al noreste de San Salvador.
El obispo Colindres anunció la tregua entre las pandillas el 20 de marzo, cuatro días después de que el ministro Munguía negara que el Gobierno negoció con los cabecillas de esos grupos su traslado a cárceles de menor seguridad a cambio de una pacificación de las calles.
“Somos conscientes de que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no solo es de ustedes, sino nuestro también”, dicen en una carta los llamados Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha y Mara 18.
Funes, Munguía y Salinas negaron cualquier negociación de paz con los “grupos criminales”, pero reconocieron que los jefes de las maras aceptaron rebajar a más de la mitad los índices de homicidios a partir del 9 de febrero recién pasado.
El Salvador, desde hace más de una década, registra una media de entre 12 y 14 homicidios diarios. Pero, desde el 9 de febrero último, los homicidios bajaron a unos seis o cinco diarios. El último fin de semana se registraron 11 —entre sábado y domingo—, cuando lo usual era entre 30 y 40.
Aunque Funes mantiene la negativa sobre la negociación con las maras, se acumulan las señales que sugieren que el Ejecutivo ya no solo da palo, sino también zanahoria a los pandilleros.
Aparte de los traslados de los mareros a otras cárceles, se ha autorizado a los periodistas de los principales medios de comunicación entrevistar en los penales a los líderes de las maras, y la celebración de misas en los penales de Cojutepeque, donde están ahora recluidos los cabecillas de la Mara 18; y en el penal de Ciudad Barrios, donde permanecen recluidos los de la Mara Salvatrucha 13.
Pezzuto dijo el día de la misa que los pandilleros “quieren la paz y ser colaboradores y artesanos de la paz”, retomando las palabras que Juan Pablo II dedicó a los firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil, de 1980 a 1992.
Colindres, quien se proclama como el mediador entre las dos pandillas rivales y ha dicho creer en su “conversión”, proclama que “se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”. En las misas, los presuntos jefes nacionales de las bandas Dionisio Umanzor, alias el Sirra, y Carlos Mujica, alias el Viejo Lin, reconocieron la labor de la Iglesia Católica en el proceso de “pacificación”. También pidieron perdón por el daño ocasionado a la sociedad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, presidida por Óscar Luna, pidió a Funes explicar las “cosas extrañas” que están detrás de la tregua entre las pandillas.
Luna dijo que, sea negociación del Gobierno con las pandillas o tregua entre ellas, el asunto demuestra que “han fracasado” las políticas del Estado contra la delincuencia.
Cuestionan estrategia
La Asociación Nacional de la Empresa Privada cuestionó la estrategia real que está empleando el Gobierno para enfrentar el tema de la violencia e inseguridad.
“La tranquilidad de la sociedad se sustenta en algo más que una tregua entre las pandillas”, sentenció el gremio empresarial en un comunicado.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar, dijo que Munguía venía anunciando la formación de una unidad antipandillas en la Policía y hasta pidió un compás de espera para cumplir su promesa de bajar los índices de violencia en 30 por ciento.
“Y de repente aparece un obispo y de la manga se saca un proceso de negociación bastante rápido entre las pandillas”, comentó Cuéllar.
La polémica tregua entre las pandillas ha repercutido en una baja de los asesinatos en las últimas semanas, pero siguen “intactas” las estadísticas de extorsiones, venta de drogas al menudeo y otros delitos cometidos por los pandilleros, reconoció Funes.
Munguía advirtió de que la tregua solo es entre la MS 13 y la Mara 18, pero no abarca las otras pandillas, enfrentadas con las dos primeras.
