La delegación de poderes del Legislativo en el Ejecutivo fue decidido tras un debate parlamentario seguido por miles de manifestantes oficialistas, reunidos en las afueras del Parlamento y del palacio presidencial, y tendrá una duración de seis meses desde su publicación en la Gaceta Oficial, presumiblemente mañana lunes.
El gobernante no ha adelantado los contenidos de las normas que prevé sancionar, aunque ha dicho que reforzarán el entramado judicial existente para garantizar la soberanía y la paz del país, que considera amenazadas por el presidente de EE. UU., Barack Obama.
Maduro efectuó su petición de recibir poderes legislativos un día después de que Obama declarara el lunes reci9én pasado una “emergencia nacional” en su país tras evaluar que Venezuela se ha convertido en una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense, algo que incluso opositores a Maduro han tachado al menos de exagerado.
A través de una “Orden Ejecutiva”, Obama también identificó y sancionó con el bloqueo de bienes que podrían tener en EE. UU. a siete de un número no precisado de altos cargos venezolanos a los que acusa de violar derechos humanos de opositores durante las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela en 2014.
Esas protestas dejaron un saldo de 43 muertos, entre activistas de la oposición y del oficialismo, agentes de seguridad y particulares atrapados en una suerte de “fuego cruzado.”
Maduro denuncia que esas protestas formaban parte de una planificada intentona golpista en su contra, en tanto que sobre lo actuado por Obama lo valoró como “el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado (en EE. UU.) contra Venezuela.”
-No dan su voto-
Los diputados opositores que rechazaron hoy dar su voto a favor de la “ley habilitante antiimperialista” advirtieron que Maduro podrá legislar con ella sobre “lo humano y lo divino”, como subrayó uno de ellos en el debate previo a la votación a mano alzada.
No obstante, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma de partidos que aglutina a la mayoría de la oposición, señaló en un comunicado formal previo que Venezuela no representa “una amenaza” para otra nación, aunque matiza con que el Gobierno de Maduro sí ha vulnerado los derechos de sus nacionales.
“Venezuela no es una amenaza para ningún país. Son las políticas del actual Gobierno venezolano las que amenazan y coartan el derecho de nuestros ciudadanos a vivir y progresar en paz”, dijo la alianza.
Hay que “distinguir entre sanciones a un país y sanciones a unas personas”, pidió la MUD y calificó de “inmoral” que oficialistas pretendan esconderse “detrás de la bandera (nacional) para proteger una cuenta bancaria con fondos de la corrupción” o para “pretender impunidad a violaciones de derechos humanos.”
La aprobación ocurre en medio de una crisis económica en la que la escasez de productos básicos y una inflación por encima del 68% golpea a los venezolanos. El desplome de los precios del petróleo también impacta a un país que depende en buena parte de la exportación de crudo.
A la crisis interna se suma la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, tras el anuncio de Caracas de reducir el número de diplomáticos en la misión estadounidense y exigir visa a los turistas del país del norte, entre otras medida diplomáticas.
En la víspera, la Unasur rechazó que Estados Unidos declarara a Venezuela una amenaza. Maduro agradeció el apoyo e indicó que el despliegue militar que su gobierno ordenó a lo largo del territorio se extenderá hasta el 28 de marzo. Desde la oposición, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, se preguntó en Twitter si “esta nueva habilitante va a resolver los problemas? Hará que baje la inflación? Acabará con la escasez? Alimentará a los venezolanos?”.
Maduro logró en noviembre del 2013, siete meses después de asumir el gobierno, una primera ley habilitante de un año de duración. Durante ese tiempo promulgó 50 decretos ley que aumentaron el control del Estado en la economía, crearon el marco de funcionamiento de algunos programas sociales y fortalecieron la normativa de combate a la corrupción.
