“Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro penal” por la malversación de más de 300 millones de dólares, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, quien añadió que es un “hecho histórico”.

Saca, al igual que sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, acordaron con la Fiscalía confesar los delitos de peculado y lavado de dinero y reintegrar parte del dinero a cambio de no recibir las penas máximas.
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a 5 años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional.
Cortez aseguró que Saca también devolverá entre 25 y 30 millones de dólares y apuntó que la pena de 10 años, menor a los 30 años de prisión que señala la legislación como pena máxima para el peculado y lavado de dinero, “no es un beneficio” ni una “concesión”.

Añadió que la solicitud de un “juicio abreviado” de los procesados Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera “está en trámite de darles una respuesta”, por lo que enfrentan un “juicio común”.
“Estas personas montaron una estructura criminal dentro de la Presidencia” para “desviar esos fondos a beneficio particular”, dijo uno de los fiscales durante la presentación de los alegatos iniciales.
El representante del Ministerio Público explicó que Saca y sus colaboradores crearon una “reglamento interno” para tener una “justificación legal” de la extracción del dinero y que además les permitía depositarlos en cuentas particulares.
Añadió que los mismos eran movidos como “gastos reservados” para “actividades de inteligencia”, por lo que la información relacionada era considerada como “secreto de Estado”.