Los grupos activistas liberales, entre ellos los que defienden a las personas LGBT y los derechos reproductivos, expresaron su indignación.
“El gobierno de Trump le está diciendo a los empleadores: 'si quieren discriminar, los apoyamos'”, declaró Fatima Goss Graves, presidenta del Centro Jurídico Nacional de la Mujer.
La organización de Goss figura entre varias que tienen la intención de impugnar en los tribunales el retroceso en el apoyo al control natal. La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu por sus siglas en inglés) interpuso una demanda así menos de tres horas después de que se emitieran las normativas.
“El gobierno de Trump está obligando a las mujeres a pagar por las creencias religiosas de sus jefes”, declaró la abogada Brigitte Amiri de la Aclu.
“Estamos interponiendo esta demanda porque el gobierno federal no puede autorizar la discriminación contra las mujeres en nombre de la religión o por otras causas”, agregó.
Los fiscales generales demócratas de California y Massachusetts también interpusieron demandas similares el viernes.
Las dos directrices estaban siendo elaboradas desde hace meses, y los activistas de ambos bandos de una guerra cultural se mantuvieron muy pendientes acerca de sus detalles y del momento en que serían promulgadas.
La normativa sobre la libertad religiosa, emitida por el secretario de Justicia Jeff Sessions, ordena a las agencias federales que hagan cuanto les sea posible para atender a quienes consideren que su libertad religiosa está siendo infringida.
De hecho, la medida les quita una carga a los objetores religiosos de tener que demostrar que son sinceros en sus creencias sobre el matrimonio u otros temas que influyen en diversas actividades.
En lo que tal vez sea uno de los aspectos más controvertidos del documento, el Departamento de Justicia afirma que las organizaciones religiosas pueden contratar a trabajadores con base en sus creencias y la disposición del empleado “de adherirse a un código de conducta”.
Muchas escuelas cristianas conservadoras y organismos religiosos exigen a sus empleados que se ciñan a códigos morales en los que se prohíben las relaciones sexuales fuera del matrimonio y entre personas del mismo sexo, entre otras conductas.
