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Vigente desde 2022: Por qué se ha vuelto a prorrogar el régimen de excepción de Bukele en El Salvador
El Congreso de El Salvador, conformado en su mayoría por miembros del partido de Bukele, aprobaron la prórroga número 55 del régimen de excepción.
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Diputados participan en una sesión plenaria en San Salvador (El Salvador). (Foto Prensa Libre: EFE)
El Congreso de El Salvador, conformado en su mayoría por miembros del partido del presidente Nayib Bukele, aprobó este 23 de septiembre dar nuevamente una prórroga al régimen de excepción, el cual ha dejado más de 93 mil detenidos.
En la página oficial de la Asamblea Legislativa de El Salvador se detalla que la prórroga es la número 55 y obtuvo 57 votos a favor.
Esta nueva prórroga estará vigente por 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de este año.
La Asamblea Legislativa de El Salvador explica que el motivo de la prórroga son los resultados que ha dado y señala que se han acumulado 1 mil 212 días sin homicidios desde su aplicación, y 224 en lo que va de 2026.
"La implementación del régimen de excepción ha permitido a las autoridades capturar a más de 93 mil 162 pandilleros e incautar 5 mil 574 armas de fuego, 12 mil 247 vehículos, 25 mil 568 celulares y US$1 mil 735 millones de droga", señala la Asamblea en su comunicado.
También se señaló en un decreto votado que el régimen de excepción continuará porque persisten "acciones vinculadas al tráfico de drogas".
"La complejidad de la actividad criminal desarrollada por las organizaciones y el comportamiento criminal que estas mantuvieron en el país dieron lugar al establecimiento del régimen de excepción, y, a la fecha, continúan evidenciándose ciertos rasgos que demandan de una respuesta con alto rigor por parte del Estado", señala el decreto.
Sin embargo, varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), han alertado que el régimen de excepción podría constituir crímenes de lesa humanidad. En un informe publicado en julio de 2026, la organización documentó patrones de detenciones arbitrarias masivas, violaciones al debido proceso, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
El régimen de excepción ha sido cuestionado por varias organizaciones humanitarias, las cuales han registrado denuncias de atropellos y muertes de personas bajo custodia estatal. Amnistía Internacional señala que, desde el inicio del régimen, al menos 470 personas habían muerto bajo custodia estatal hasta julio de 2026.
Además, varias organizaciones y analistas han cuestionado el uso del régimen de excepción y han denunciado afectaciones contra voces críticas del Gobierno de Bukele. Amnistía Internacional, por ejemplo, señala que el espacio cívico se ha reducido y que personas defensoras de derechos humanos y voces críticas han sido criminalizadas.
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